Juzgado multa a Gustavo Petro por desacato en tutela del fiscal Mario Burgos

El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá sancionó al presidente Gustavo Petro con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales por desacatar un fallo de tutela que le ordenaba rectificar declaraciones sobre el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.

La decisión, con fecha del 27 de febrero de 2026, concluyó que el mandatario no cumplió en debida forma la orden emitida en agosto de 2025 y confirmada un mes después por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ese fallo se le exigía rectificar afirmaciones públicas que, al parecer, afectaron el buen nombre y la honra del fiscal.

¿Qué originó el proceso?

La controversia surgió por publicaciones en redes sociales e intervenciones públicas en las que el presidente vinculó al fiscal con estructuras del narcotráfico y con el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Burgos presentó una acción de tutela al considerar que esas declaraciones vulneraban sus derechos fundamentales.

“¿Por qué Barbosa y Mancera pusieron como investigadores a quienes estaban ligados al grupo de narcofiscales, ligados a su vez con el narco Marset, presunto autor del asesinato del fiscal Pecci en Cartagena?”, se lee en el trino publicado entonces por Petro.

El juzgado determinó que las rectificaciones realizadas por el jefe de Estado no se ajustaron a lo ordenado inicialmente. Según la providencia, los pronunciamientos posteriores “desdibujan la orden judicial” y no cumplen plenamente con el deber de rectificar.

“Así, lo que corresponde al señor Presidente de la República es rectificar conforme se le ordenó en auto del 6 de octubre de 2025, orden que no ha sido cumplida, aun cuando se ha concedido un término prudencial para ello, atendiendo a que es una orden compleja, teniendo en cuenta el límite de las alocuciones presidenciales impuesto en la sentencia del Consejo de Estado”, señaló el despacho.

Como consecuencia, el despacho impuso una multa a Gustavo Petro que deberá ser pagada dentro de los tres días siguientes a que la decisión quede en firme. Sin embargo, aclaró que la sanción económica no exime al presidente de cumplir de manera estricta la orden judicial pendiente.

El juzgado negó, por ahora, la solicitud de arresto y tampoco remitió copias para investigar posibles delitos, al considerar que no se evidencian conductas penales en el trámite del incidente de desacato.

El expediente será enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se surta el grado de consulta, paso habitual en este tipo de procesos.