Medicina Legal dice que en 10 años han desaparecido 73.000 personas

Así lo aseguró el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Valdés, quien detalló que los picos de desapariciones se registraron en 2011 con 8.187 casos y en 2012 con 8.137 denuncias.

Explicó que según cifras de Instituto, el 61,08 % de los casos "continúan desaparecidos", mientras que 5,3 % "aparecieron muertos".

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Igualmente dijo que entre 2008 y 2017 fueron registrados 3.200 casos con "características de desaparición forzada" en todo el país.

De otro lado, Valdés explicó que la desaparición tiene orígenes en la violencia familiar y en el abuso sexual a la mujer, especialmente en la adolescencia.

Asimismo, dijo que de los 73.000 casos de desaparecidos en Colombia, Bogotá registró 32.791, con lo que se convierte en la localidad con más casos del país, seguido de Antioquia (7.675) y el Valle del Cauca (6.211).

El mes en donde más se reportan desaparecidos en Colombia es mayo, mientras que "los días viernes y sábados es cuando más desaparece la gente", según las denuncias de familiares y amigos.

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De igual forma, Valdés aseguró que entre enero y julio de este año Medicina Legal ha registrado 3.643 casos de desaparecidos de los cuales han aparecido vivos el 2,7 % y muertos el 37 %, mientras que sigue sin conocerse el paradero de más del 60 %.

A propósito de desaparecidos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió al presidente colombiano, Iván Duque, que su Gobierno priorice la búsqueda de personas desaparecidas en el país cuya cifra situó en 83.000 entre 1958 y 2017.

"La sociedad en su conjunto, y especialmente el nuevo Gobierno, debe hacer un esfuerzo por priorizar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar que se hace todo lo posible para que los familiares tengan respuestas", afirmó el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, citado en un comunicado del comité.

El CICR destacó el avance que supone la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), incluida en el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y las FARC.

Sin embargo, considera que la demora en su puesta en marcha efectiva "añade aún más dolor a las familias y no puede justificarse casi dos años después de la firma del acuerdo de paz".