Justicia Penal Militar archiva investigación al jefe de seguridad de Miguel Uribe Turbay: estas son las razones

Casi un año después del impactante magnicidio del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá, la Justicia Penal Militar ha tomado una determinación trascendental. 

Según se conoció recientemente, el organismo decidió archivar la investigación disciplinaria y penal que se adelantaba en su contra de Victo Gómez, jefe del esquema de protección del fallecido político.

¿Por qué se tomó esta decisión?

El archivo de la investigación por parte de la Justicia Penal Militar se fundamenta en la falta de elementos que configuraran un delito de su competencia. La justicia encargada de juzgar a miembros de la Fuerza Pública por actos relacionados directamente con el servicio, determinó que, si bien el esquema de seguridad presentaba deficiencias cuestionables, no existieron conductas punibles que pudieran ser imputadas bajo el marco penal militar.

Desde el fatídico día del atentado, muchos ciudadanos criticaron el esquema de seguridad, señalando que el senador no contaba con un nivel de protección adecuado a su perfil de riesgo, a pesar de ser una de las figuras más visibles de la oposición y el precandidato presidencial con mayor proyección en ese momento. 

Las denuncias apuntaban a una presunta negligencia en la respuesta a sus solicitudes de refuerzo ante la Unidad Nacional de Protección (UNP); sin embargo, la instancia judicial cerró la puerta a una sanción por esta vía.

El caso principal por el asesinato de Miguel Uribe Turbay sigue activo

Cabe destacar que esta decisión administrativa no tiene impacto directo en el proceso penal que lidera la Fiscalía General de la Nación por el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay.

A la fecha, la Fiscalía ha logrado avances significativos en la identificación y judicialización de los responsables materiales e intelectuales. Hasta ahora, se han vinculado a nueve personas al caso, incluyendo la condena de Carlos Mora González tras alcanzar un preacuerdo, y la sanción al menor de edad que ejecutó el disparo, bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Las investigaciones señalan que el magnicidio no fue un hecho fortuito ni producto del odio espontáneo, sino un crimen orquestado con una logística compleja y el uso de recursos significativos. 

Al proceso se vinculó también a alias “Chipi”, señalado de articular la operación, definir roles y realizar seguimientos previos. La hipótesis principal de las autoridades sigue apuntando a una estructura criminal, relacionada con sectores disidentes, que buscaba desestabilizar el proceso democrático colombiano.