Procuraduría investiga a pareja del presidente de Ecopetrol por presunta violación al régimen de inhabilidades

La Procuraduría Distrital de Instrucción de Bogotá anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Julián Caicedo Cano, pareja sentimental del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta violación al régimen de inhabilidades. La indagación se centra en un contrato que Caicedo habría suscrito con la Institución Universitaria Pascual Bravo, de Medellín, mientras ocupaba el cargo de asesor en el Instituto Nacional de Vías (Invías).

El ente disciplinario argumenta que esta acción podría constituir una violación a las normativas vigentes, ya que, al parecer, Caicedo contravino las reglas al ser múltiple contratista al mismo tiempo que ocupaba el cargo en Invías. El contrato en cuestión fue suscrito mientras ejercía funciones en el Invías, lo que podría implicar un conflicto de intereses.

Adicionalmente, la investigación abordará la presunta ausencia de Caicedo en sus funciones como asesor en Invías, respaldada por la publicación de imágenes en sus redes sociales que muestran diversos viajes nacionales e internacionales durante los períodos en los que debía cumplir con sus responsabilidades laborales.

El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, había denunciado esta situación ante la Procuraduría el pasado 7 de junio, señalando la presunta condición de múltiple contratista de Caicedo.

La Procuraduría destacó que la investigación se originó a raíz de un reportaje de La Silla Vacía que resaltaba la participación de la Universidad Pascual Bravo de Medellín en contrataciones cuestionadas, así como la relación laboral de Caicedo con dicha institución.

Según la información recopilada, Caicedo también habría tenido otro contrato con la Empresa de Energía de Honduras mientras trabajaba en el Invías, y su currículum incluía cargos como líder de compras en una compañía vinculada al proyecto Campo Rubiales de Ecopetrol.

El contrato suscrito por Caicedo con la Universidad Pascual Bravo tuvo un valor total de $25.995.424, con un pago mensual de $6.9 millones, destinado a brindar acompañamiento estratégico en un contrato interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y la universidad.

Ante la apertura de esta investigación, la Procuraduría ha solicitado a la regional de Antioquia que también se investigue a Liliana Patricia Restrepo Villa, delegada del rector de la Pascual Bravo, quien aparece como firmante en el contrato de prestación de servicios.