Cámara de Representantes propone rebaja de pena de hasta el 83% para quienes acepten cargos

El proyecto de ley 215, propuesto por la Cámara de Representantes, propone la rebaja de hasta un 83% en la pena de quienes acepten cargos. De momento el proyecto que podría darle más beneficios a los delincuentes recibió luz verde del Consejo Superior de Política Criminal.

Según lo informado, este mecanismo busca permitir un mecanismo de negociación en el Código Penal, con lo cual la sentencia de prisión sea de máximo una sexta parte de la establecida, es decir, de un 16,6 %. Entre las condiciones para que el procesado pueda acceder a este beneficio se encuentra que este acepte su responsabilidad durante la audiencia de imputación de cargos, además, no deberá tener antecedentes judiciales.

La reducción de pena aplicaría para algunos delitos como lesiones personales, excepto ataques con ácido; hurto calificado, siempre y cuando no se cometa violencia contra la víctima; hurto, mientras este no exceda los 10 salarios mínimos mensuales; y abigeato, esto según lo consignado en el artículo 4 del proyecto de ley.

Otra de las opciones contempladas dentro del proyecto de ley, si llegara a ser aprobado, es que en caso de que el acusado pueda acceder a una fianza el monto máximo será de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el dinero que deberá pagar el culpable del delito sería usado para el mejoramiento de las URI y de los centros penitenciarios.

El proyecto también contempla implementar un sistema de tres strikes con el que según el Consejo Superior de Política Criminal se permite una judicialización proporcional a la reincidencia del individuo.

El beneficio quedaría establecido de la siguiente manera:

-Pena de máximo una sexta parte de lo establecido para quien se acoja por primera vez.

-Pena entre una sexta y cuarta parte de lo establecido para quien aplique al beneficio por segunda vez.

-No se podrá acceder al beneficio y cumplirá pena completa quien viole la ley por tercera vez.

Por su parte el organismo resaltó el carácter restaurativo de las penas que se imponen.

 “Se privilegia el resarcimiento del daño sufrido por la víctima a tal punto que, si no existe su aval, no es posible validar la negociación. El proyecto también prevé la imposición de sanciones restaurativas frente a la sociedad como colectivo”, se lee en el concepto.

Después de haber tenido dos debates en cámara, el proyecto deberá pasar por el Senado de la República para que se logre definir si se constituye o no como ley.