Concejo aprueba reconocimientos económicos por traslados y adquisición predial

Los habitantes de Bogotá recibirán más dinero cuando tengan que mudarse de sus casas debido a la compra de terrenos. El Concejo de Bogotá aprobó un proyecto que protege los derechos de las personas que se verán afectadas por las obras en la ciudad. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) lideró esta iniciativa, que busca compensar y garantizar los derechos de aquellos que deban mudarse en el futuro.

“Mil gracias al @ConcejoDeBogota por aprobar el proyecto del @idubogota para evitar injusticias y compensar adecuadamente a propietarios, arrendatarios o tenedores cuyos predios deben ser aportados para una obra de utilidad pública. Bogotá está en obra y seguirá en obra los próximos 10 años, generando empleo, y construyendo la infraestructura social y de movilidad que necesitamos. Evitar injusticias y compensar adecuadamente a quienes deben dejar sus predios por obras de utilidad pública es justicia y transparencia que le agradecemos al Concejo haber respaldado.” Comentó la alcaldesa desde su cuenta de Twitter. 

Diego Sánchez Fonseca, director del IDU, dijo que el objetivo del proyecto es ofrecer mejores condiciones a los dueños de las casas que serán compradas para hacer las obras. Quieren minimizar los problemas que puede causar el traslado a otro lugar de la ciudad.

En cuanto al dinero, Sánchez Fonseca explicó que no habrá gastos extras para la ciudad, ya que el financiamiento estará incluido en cada proyecto. Será aproximadamente un 2% del presupuesto total, incluyendo la construcción.

Según el proyecto, una "Unidad Social" es una persona o empresa relacionada con una propiedad que será comprada. Se clasifican según si son dueños, arrendatarios, etc., y según el uso de la propiedad. Un mismo terreno puede tener varias Unidades Sociales.

El proyecto también tiene en cuenta el aspecto social. Se acordó ofrecer más servicios de salud, educación y otros programas para ayudar a las familias más vulnerables.

“¡Es un hecho! La ciudadanía tendrá mejores reconocimientos económicos a la hora de trasladarse involuntariamente de sus unidades sociales, por causa de adquisición predial.” Informó el Instituto de Desarrollo Urbano. 

Sánchez Fonseca dijo que es importante apoyar a las personas afectadas por el traslado y ayudarles a restablecer su vivienda y condiciones de vida. La normativa actual tiene más de 23 años y es necesario actualizarla.

El proyecto reemplazará un acuerdo anterior y tendrá un plazo de seis meses para ser reglamentado. No afectará a las obras que ya están en curso o que no han empezado. El IDU lideró el proyecto con el respaldo de la Alcaldía de Bogotá y otras entidades.