Registraduría en la mira: destapan red que vendía cédulas falsas a migrantes

Una investigación judicial dejó al descubierto un entramado de corrupción que operaba desde una sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de Fundación, Magdalena, donde funcionarios y particulares habrían facilitado la expedición irregular de documentos de identidad colombianos a migrantes extranjeros.

De acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía General de la Nación, la red de la Registraduría ofrecía registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía a cambio de pagos que oscilaban entre los 1.200 y 1.500 dólares. Los trámites, aparentemente legales en su forma, se sustentaban en información falsa que era ingresada directamente en los sistemas oficiales.

La operación, que contó con apoyo del CTI, el Ejército y organismos internacionales como Homeland Security Investigations, permitió la captura de cuatro personas: una funcionaria activa, dos exfuncionarios de la Registraduría y un guarda de seguridad. Las detenciones se llevaron a cabo en Fundación y Santa Marta, tras varios meses de seguimiento.

Según las autoridades, los implicados habrían participado en al menos 20 eventos delictivos relacionados con la creación de identidades falsas. Entre las irregularidades detectadas está el uso de registros de nacimiento extemporáneos y documentos de respaldo con datos alterados, incluso vinculados a personas fallecidas, para construir perfiles aparentemente válidos dentro del sistema.

Los beneficiarios de estos trámites eran principalmente ciudadanos venezolanos y dominicanos, quienes, con documentos colombianos legítimos en apariencia, lograban movilizarse sin restricciones y acceder a rutas migratorias hacia países como Estados Unidos, México y varias naciones europeas.

Uno de los mecanismos más utilizados por la organización consistía en crear una base legal a partir de un registro civil fraudulento. A partir de ese documento inicial, se gestionaban el resto de identificaciones hasta obtener cédulas y pasaportes funcionales. Esto les permitía a los migrantes presentarse como ciudadanos colombianos ante autoridades internacionales.

Las investigaciones también revelan que algunos de los documentos expedidos eran elaborados con materiales originales, lo que hacía aún más difícil detectar la irregularidad. Sin embargo, los datos consignados no correspondían con la identidad real de las personas.

Durante las audiencias, los capturados fueron imputados por delitos como concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Aunque ninguno aceptó los cargos, un juez ordenó medida de detención domiciliaria para dos de los implicados, mientras que los otros continuarán vinculados al proceso en libertad.

Las autoridades no descartan que haya más personas involucradas dentro de la entidad, por lo que las investigaciones continúan. Este caso pone en evidencia las fallas en los controles institucionales y cómo estas pueden ser aprovechadas para alimentar redes de migración ilegal que operan más allá de las fronteras del país.