Otra vez en jaque: Tiendas D1 serán investigadas por MinTrabajo por presunta explotación laboral

Las tiendas D1 vuelven a estar en el ojo del huracán en Colombia, aspecto que ya viene siendo una constante en los últimos meses, teniendo presente las denuncias que se han hecho en contra de los supermercados que hay en el territorio colombiano. Es por esto que, la empresa panameña Koba International Group, actual dueña de esta cadena, ha estado presentando grandes inconvenientes legales por sus presuntos tratos y aspectos negativos contra sus trabajadores y usuarios.

En las últimas horas, se hizo una denuncia pública en contra de las tiendas D1 de todo el país, en la que varios de sus trabajadores se han quejado por trabajar más de 12 horas diarias, en las que no se les pagan las horas extras. Ante esta denuncia y señalamientos en contra de la cadena de supermercados, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ordenó investigaciones inmediatas en contra de esta compañía en el territorio colombiano.

Por medio de sus redes sociales y ante las constantes denuncias de explotación laboral por parte de las tiendas D1, Antonio Sanguino resaltó que una empresa con ganancias millonarias en los últimos meses no puede tener estos tratos en contra de sus empleados. Es por esto que, espera revelar toda la verdad de estos señalamientos por parte de los trabajadores contra esta compañía, la cual tiene nexos directos con el grupo Valorem, el cual es controlado por la familia Santo Domingo.

Más escándalos alrededor de esta cadena

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino confirmó las investigaciones en contra de las tiendas D1, al comentar en sus redes sociales “sería de suma gravedad que supermercados D1 con utilidades en el 2024 por $373.200 millones que equivalen a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes, someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral, por lo que he ordenado abrir investigación inmediata sobre ello”.

Con estas declaraciones por parte del ministro del Trabajo, las tiendas D1 presentaron un comunicado oficial, en el que dejaban en claro que ninguno de sus trabajadores era obligado a trabajar más de lo establecido por la ley colombiana. De la misma manera, rechazaron todas estas acusaciones en su contra, resaltando que tienen “compromiso con el bienestar, la seguridad y el desarrollo de sus más de 24.600 empleados directos con contrato laboral a término indefinido en todo el territorio nacional”.