Toma del Palacio de Justicia: 35 años de una infamia que jamás se olvidará

Cuenta la historia que en lo que hoy corresponde a la Plaza de Bolívar, fue hace siglos el lugar más importante de la ciudad de Santa Fe, alrededor de ella vivían las personas más notables e importantes, entre ellas el precursor Don Antonio Nariño, con su nombre se bautizó un departamento y además se llamó a uno de los tantos acontecimientos tristes de la historia reciente de Colombia.

La Operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” inició a las 11 de la mañana del 6 de noviembre de 1985 cuando varios miembros del M-19, Movimiento 19 de abril, ingresaron vestidos de civil al Palacio de Justicia, ubicado en el marco de la Plaza de Bolívar, justo frente al Capitolio Nacional que se antepone a la Casa de Nariño, la residencia presidencial, también nombrada en honor al hombre de los derechos del hombre, que los tradujo y trajo de Francia a la Nueva Granada para hacerlos parte de la lucha independentista.

Con escasa seguridad en el interior del Palacio de Justicia ingresaron posteriormente hacia las 11:30 a.m. un par de decenas de guerrilleros con armamento largo y explosivos, mientras sesionaban en la Sala Constitucional los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con relación al tratado de extradición con los Estados Unidos, entonces estos fueron secuestrados por el comando guerrillero, junto con todas las personas que se encontraban en el interior de la gran edificación, que sumaban 300 entre magistrados, trabajadores y visitantes. 

Se ha dicho sin confirmación plena, aunque con importantes indicios, que narcotraficantes en cabeza de Pablo Escobar Gaviria financiaron la operación guerrillera, la planeación del acto duró más de seis meses.

La Operación Antonio Nariño buscaba realizar un juicio público al presidente Belisario Betancur Cuartas por haber roto una tregua con los grupos guerrilleros, dicho juicio sería presidido por la misma Corte Suprema de Justicia, teniendo como fiscal a todo el pueblo colombiano y utilizando la radio para dicho fin, algo que fue descartado por el mismo gobierno por considerarlo descabellado.

Una vez se supo de la toma, las Fuerzas Armadas activaron el plan “Tricolor 83” que consistió en desplegar efectivos del Batallón Guardia Presidencial, tanques del ejército y unidades policiales; la guerrilla puso al magistrado Alfonso Reyes Echandía como intermediario para negociar con el gobierno, pero esto jamás se pudo lograr porque las Fuerzas Armadas reaccionaron de forma brutal, iniciaron una retoma desorganizada y cruenta usando la fuerza de cualquier forma.

Fueron desoídas las peticiones de los magistrados y helicópteros de la policía pretendieron desembarcar en la azotea del edificio, a su vez que un tanque pretendía ingresar por la puerta principal del Palacio, y faltando poco para las 6 de la tarde, se desató un incendio en el cuarto piso, cuyo origen aún no se ha aclarado.

Las peticiones de los magistrados eran las del cese al fuego y la respuesta de los militares fue la imposibilidad de una negociación, la imagen de un cohete del ejército explotando contra las paredes del Palacio de Justicia representa la forma descontrolada en que reaccionaban los militares; con el paso de las horas el fuego consumía la edificación mientras los bomberos trataban de apagar las llamas y los organismos de socorro trataban de evacuar a los heridos.

Al día siguiente, la toma culminó con la muerte de 100 personas entre magistrados, empleados, visitantes, guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública, más de una docena de personas resultaron desaparecidas, las comunicaciones de los organismos de seguridad confirmaron tiempo después que varias personas rescatadas fueron conducidas a la vecina Casa del Florero porque se sospechaba que varios guerrilleros se encontraban vestidos de civil y con cédulas de personas muertas pretendiendo haciéndose pasar por particulares; sobre varias de esas personas llevadas al histórico lugar y también a la Escuela de Caballería no se volvió a saber jamás.

Han pasado 35 años y responsables pagando por sus actos, escasos, entre ellos el Coronel Plazas Vega, líder de las acciones militares que estuvo privado de la libertad por unos años.

Muchos protagonistas murieron ese mismo día y otros con los años, como el presidente Betancur, de quien se dice fue incomunicado por los militares porque sabían que él cedería a las pretenciones guerrilleras.

En fosas comunes quedaron los restos de personas que pagaron inocentemente con sus vidas las acciones violentas y destructivas de quienes se han hecho llamar patriotas de una patria que a duras penas sobrevive.