Corte ordena captura para Wadith Manzur y Karen Manrique por caso de corrupción en la UNGRD

La Corte Suprema ordenó captura a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, señalados de recibir sobornos para aprobar proyectos del Gobierno.

Por: Paula Andrea Tobaria • Colombia.com
Wadith Manzur y Karen Manrique son investigados por el escándalo de la UNGRD. Foto: Instagram @wmanzur/ @karenmanriqueo
Wadith Manzur y Karen Manrique son investigados por el escándalo de la UNGRD. Foto: Instagram @wmanzur/ @karenmanriqueo

La Corte Suprema ordenó captura a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, señalados de recibir sobornos para aprobar proyectos del Gobierno.

La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes fueron elegidos en las elecciones del pasado domingo. La medida se da en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos son señalados de participar en un esquema de presuntos sobornos relacionados con la aprobación de proyectos del Gobierno.

La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción del alto tribunal con el voto de los conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, quienes fueron llamados a destrabar la discusión que en una sesión anterior había terminado empatada.

Además de Manzur y Manrique, la Corte decidió llamar a juicio a otros congresistas por el delito de cohecho impropio. Entre ellos están Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez y Juan Pablo Gallo. También fue acusado el excongresista Juan Diego Muñoz.

Según la investigación, los implicados habrían recibido dádivas y favores a cambio de apoyar iniciativas del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y votar a favor de los planes de endeudamiento externo.

De acuerdo con el proyecto de acusación, que supera las mil páginas, los investigadores recopilaron testimonios, conversaciones de chat, interceptaciones telefónicas y otros elementos que evidenciarían reuniones entre congresistas y altos funcionarios del Gobierno.

En esos encuentros se habrían negociado apoyos políticos a cambio de puestos y contratos por cerca de 94.000 millones de pesos, que se ejecutarían en municipios donde los congresistas tienen influencia política, como Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar.

Exministros también implicados

Este mismo caso mantiene detenidos desde finales del año pasado a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Velasco fue señalado por la Corte porque habría impulsado el plan para acercarse a congresistas y asegurar su respaldo en votaciones clave del Congreso.

Dentro del proceso también aparecen las declaraciones de exdirectivos de la UNGRD como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quien ya fue condenado por su participación en el caso.

Otro de los testimonios relevantes es el de Sandra Ortiz, quien describió reuniones dentro del Gobierno en las que se habría planteado la estrategia para facilitar la aprobación de proyectos oficiales en el Congreso.

Además, el exministro Luis Carlos Reyes aseguró ante la Corte que desde finales de 2023 alertó al presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en la entidad.

El celular que reveló los contactos

Una de las pruebas consideradas más importantes es el celular de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides. En ese dispositivo se encontraron mensajes con congresistas y funcionarios del Gobierno en los que se coordinaban reuniones para discutir el respaldo a las iniciativas oficiales.

Entre los encuentros mencionados en el expediente hay un desayuno realizado el 4 de octubre y otra reunión el 31 de octubre en la sede del Ministerio del Interior, en la que, según la investigación, se habría concretado el acuerdo.

“A partir de registros comunicacionales de María Alejandra Benavides Soto, la Sala ha establecido que, en los días siguientes al desayuno del 4 de octubre —en especial, entre el 11, 12 y 13 de octubre de 2023—, los esfuerzos respecto de las labores de la CICP se enfocaron en lograr un espacio de encuentro entre los ministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves con algunos integrantes de la Comisión de Crédito”, se detalla en el expediente.

El caso continúa en etapa judicial mientras la Corte avanza en el proceso contra los congresistas y otros funcionarios vinculados al escándalo.