CEJ pedirá protección internacional tras señalamientos de Petro a magistrado Bedoya

La tensión entre el Gobierno y el Consejo de Estado volvió a estar en el centro del debate este martes, luego de que la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) anunciara que pedirá medidas de protección especial ante la CIDH y la Relatoría para la Independencia Judicial para salvaguardar la independencia de la Rama Judicial y la integridad del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.

El origen del conflicto: el Decreto 415

Todo empezó por la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026, que buscaba trasladar cerca de 5 billones de pesos desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones.

Frente a esta medida, el presidente Gustavo Petro se pronunció el lunes 11 de abril en su cuenta de X y afirmó: “Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”.

Sin embargo, la CEJ explicó que la reacción del Ejecutivo representa “un ataque directo a la autonomía judicial” y una “criminalización de las decisiones judiciales”. Por esta razón, anunció que “solicitará medidas de protección especial en favor de la Rama Judicial y del Magistrado Bedoya Escobar ante la CIDH y ante la Relatoría para la Independencia Judicial de Naciones Unidas”.

La corporación fue enfática al señalar que el desacuerdo con una sentencia no da licencia al Ejecutivo para intimidar a los jueces con cárcel. Según la organización, la justicia no debe estar para complacer al poder político, sino para evitar sus abusos.

“Pretender encarcelar a los jueces de la República por el sentido de sus decisiones es una práctica propia de regímenes autoritarios que anula el sistema de pesos y contrapesos”, indicó la CEJ.

Petro insistió en denunciar por prevaricato

Horas después del pronunciamiento de la CEJ, el presidente Petro volvió a referirse al tema en su cuenta de X y defendió sus declaraciones sobre el magistrado del Consejo de Estado.

Petro aseguró que ordenó al superintendente financiero iniciar las investigaciones correspondientes y reiteró que quienes impidan el traslado de recursos pensionales hacia Colpensiones podrían incurrir en delitos financieros.

“He citado al superintendente financiero, de acuerdo a mis funciones constitucionales, para que se inicie la investigación respectiva. Los intervinientes en el delito de prevaricato que establece que, si por decisión de funcionario público escrita se viola con evidencia la ley, y quienes retengan ahorro de los pensionados serán denunciados ante la autoridad competente. Es la ley y la Constitución y debe respetarse y cumplirse”, dijo Petro en su cuenta de X.

En otra respuesta en X, el mandatario dijo: “El delito lo define la autoridad competente, pero el presidente, como funcionario público, tiene la obligación, al observar la comisión de un delito, de denunciarlo”.

En su último pronunciamiento frente al tema aseguró que:

“Al expresar los firmantes magistrados del Consejo de Estado, un comunicado donde tipifica como ‘derecho desbordado’ nuestro decreto en donde se ordena devolver el ahorro de los pensionados a Colpensiones, tal como ordena la ley vigente y en virtud de su decisión libre de pasarse a Colpensiones, ha, en mi opinión, prejuzgado”.