Ley de sometimiento: Gobierno Petro no tramitará con urgencia ¿Por qué despega el pie del acelerador?

La ley de sometimiento era una de las herramientas con la que el presidente Gustavo Petro y su política de paz total pretendían ayudar en la pacificación del país estableciendo negociaciones con diferentes organizaciones armadas ilegales.

Críticas permanentes

En momentos de enorme crítica al gobierno de Gustavo Petro por su política contra las organizaciones al margen de la ley, el mandatario nacional retiró el concepto de urgencia con que se quería tramitar la ley en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

La ley de sometimiento genera una base jurídica para poder realizar negociaciones y otorgar beneficios reales a quienes quieran acogerse a un desarme y una inserción en la vida civil, pero su proceso en el Congreso no generó buenas expectativas en el gobierno por contar con muchos detractores.

Ni Petro, ni Benedetti

El diario El Tiempo dio a conocer una versión en la que el Ministerio de Justicia había planteado a Gustavo Petro tramitar la ley con urgencia, pero que el mismo jefe de Estado la había rechazado, de igual forma, importantes funcionarios del gobierno nacional como el ministro del Interior, Armando Benedetti, tampoco vieron la urgencia del proyecto con buenos ojos. 

La ley de sometimiento fue una creación del exfiscal y exministro de Justicia Eduardo Montealegre, pero desde un principio fue controvertida y contó con el rechazo de diferentes grupos políticos, especialmente de la oposición. 

Defensoría no avala proyecto

El proyecto de sometimiento a la justicia también contó con críticas de la Defensoría del Pueblo y de la Corte Suprema de Justicia llegándose a catalogar como inconstitucional cuestionando los beneficios que otorgaba a desertores de otros procesos de paz y también la exclusión de las víctimas y falta de garantías para verificar los compromisos. 

La noche se le vino encima a Gustavo Petro porque la Corte Suprema de Justicia también dio sus impresiones sobre el borrador del proyecto y consideró que debería contar con el rigor de una ley estatutaria y no tramitarse como una ley ordinaria, además, controvirtió su construcción, según la cual podría constituir una afrenta para las víctimas de los beneficiados.

La Comisión Primera de la Cámara adelantó seis audiencias públicas en Pasto, Tumaco y Medellín entre otras ciudades, para generar un marco jurídico para el desmantelamiento de estructuras criminales y para concertar encuentros con víctimas y actores ilegales.

Recursos y esfuerzos

Otra crítica para la socialización del borrador de la norma es que se utilizaron recursos públicos y enormes esfuerzos y esta no alcanzó a debatirse en el Congreso, analistas consideran que esta negativa de Gustavo Petro a tramitar con urgencia la ley de sometimiento se debe a la época electoral que no lo favorece.

Dar más tiempo a la ley de sometimiento haría que el presidente descuidara esfuerzos para lograr sus objetivos en el Congreso de la República, los cuales radican en lograr mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado.

La reforma a la salud es la última de las grandes reformas pendientes de aprobación del gobierno de Gustavo Petro, por lo tanto, se convierte en prioridad, lo cual le quitaría espacio al estatuto de sometimiento a la justicia.