Listo proyecto de ley de sujeción a la justicia ordinaria y desmantelamiento de estructuras

Los ministros de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, y del Interior, Alfonso Prada Gil; la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en compañía de los presidentes de Senado, Roy Barreras, y de Cámara, David Racero; el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, y los congresistas Ariel Ávila y Alirio Uribe, radicaron este miércoles, 15 de marzo, ante el Senado el Proyecto de Ley 'Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones'.

“Este proyecto de ley contiene una oferta generosa ?por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto, para que si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les entregue un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con la finalidad de que podamos vivir en una paz completa", señaló el ministro de Justicia al comentar que la iniciativa está pensada para estructuras criminales de alto impacto que no tienen vocación política.

Agregó que este “es un proyecto de sujeción a la justicia ordinaria, en el que tendrá enorme protagonismo el poder judicial, tanto con la Fiscalía General de la Nación como con los jueces y magistrados. Con la radicación de este proyecto el Gobierno le cumple a la sociedad con el propósito firme de poner todos sus esfuerzos para la construcción de una convivencia pacífica. La paz se construye con distintas estrategias y esta es una de ellas, que apunta específicamente a unos grupos criminales que han alterado la convivencia pacífica desde hace algún tiempo", precisó.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, la iniciativa, que hace parte del proyecto de Paz Total y Seguridad Humana, busca desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, crea mecanismos de sujeción a la justicia mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuye a la satisfacción de los derechos de las víctimas desde los enfoques diferenciales y garantiza la no repetición.

El ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, precisó que con el proyecto “hay una sujeción, no una negociación de paz. Aquí estamos frente a organizaciones, estructuras del crimen que se mueven en la economía ilegal, por eso no hay diálogo ni negociación. No hay ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico. Aquí hay simplemente una ley que presentamos a consideración del Congreso para que allí se definan las condiciones en las cuales va a operar una sujeción, con un procedimiento que tiene una primera parte de diálogo y conversación, que proviene del diseño que se hizo en la Ley 2272 y continúa la segunda fase, que está definida aquí como un procedimiento penal bajo la coordinación de la Fiscalía, el cual terminará con la decisión de los jueces penales correspondientes".

En su intervención, el presidente del Congreso, Roy Barreras, señaló que el proyecto de ley es un buen ejemplo de concertación y diálogo, una propuesta a los narcotraficantes para reintegrarse a la sociedad y salvar sus vidas a cambio de ir a la cárcel, y que “acaba con todo tipo de especulaciones y negociaciones clandestinas que nunca fueron autorizadas y que pretendían negociar las leyes en las calles. Las leyes se hacen en el Congreso, de cara a la ciudadanía". Al tiempo, insistió en que el trámite del proyecto debe tener mensaje de urgencia “para que el límite de la incertidumbre sea menor y la gente sepa a qué ley acogerse".

Por su parte el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, destacó que “este proyecto no reconoce estatus político en el procedimiento mismo de los mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria", y resaltó que complementa otros procesos de diálogo, como el que avanza con el ELN en la apuesta del Gobierno para alcanzar la Paz Total.

El presidente de la Comisión del Paz del Senado, Iván Cepeda Castro, quien junto con los congresistas Alirio Uribe y Ariel Ávila apoyó la construcción del proyecto, precisó que el mismo “no brinda ninguna clase de impunidad, como podrán verlo a través de las penas que se ofrecen a consideración del Congreso, pero al mismo tiempo deja un margen para que estos grupos puedan someterse a la justicia. Establece claramente la diferencia entre los grupos de carácter político con los cuales se negocia, como es el caso del ELN, y las estructuras que están ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal como única forma de actuación".