¿Retroceso a 1886? El fuerte reclamo de Petro a la Corte Suprema por el futuro del campo

El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes críticas contra una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia relacionada con los baldíos en el país y aseguró que el fallo pone en riesgo la Reforma Agraria impulsada por su Gobierno.

Según el mandatario, la decisión “prohíbe a la Agencia Nacional de Tierras hacer el saneamiento y trasladarlo a propiedad campesina, indígena o afrodescendiente, y deja solo para dos instancias del Poder Judicial, en el más alto nivel, el que se determine si el baldío es baldío y pertenece a la nación, o si el baldío pertenece a sus actuales poseedores".

Ahora, la decisión de quién es el dueño de esas tierras quedaría exclusivamente en manos de jueces, un proceso que para Petro podría retrasar durante años la definición jurídica de miles de predios y afectar directamente a comunidades rurales que esperan acceso a la tierra.

Petro habla de “traición” contra la Reforma Agraria

“Una parte del Estado ha traicionado la obligación de cumplir esta sentencia de la Corte Interamericana que lleva a la Agencia Nacional de Tierras a ampliar el resguardo, porque le quita sus facultades de ley, de Constitución y heredadas del antiguo Incora y de otras instituciones más atrás que vienen de la Ley 200 de Tierras de 1936, que es el resultado del reconocimiento de la lucha de Quintín Lame y del campesinado de Colombia por su derecho a ser propietarios y poseedores de la tierra", explicó el presidente.

Con un tono marcado por la indignación, el jefe de Estado no se guardó nada. Comparó la decisión judicial con un retroceso a 1886, época en la que, según sus palabras, el campesinado era tratado como “siervo” sin derechos.

“Retrocedimos a una época anterior a 1936 comparable a 1886, donde los indígenas no eran considerados seres humanos y donde el campesinado era considerado siervos y peones sin derechos y sin ciudadanía en Colombia", sentenció.

Petro fue más allá y calificó el fallo como un “raponazo” que favorece a quienes han despojado tierras mediante la violencia y el narcotráfico. “Impide que el Gobierno recupere esas tierras para que pasen al campesinado y a las comunidades indígenas”, aseguró ante el pueblo U’wa.

“También es un raponazo de la tierra propiedad de la nación que hoy, en las últimas décadas, ha sido despojada por narcotraficantes armados que han desatado la violencia en Colombia, con más de 200 mil asesinatos y que hoy los magistrados de la Corte Suprema dicen respetar por años y quizás por décadas, por generaciones diría hoy, porque impide que el Gobierno recupere esas tierras del narcotráfico para que no pasen al poder del campesinado y de las comunidades indígenas y afrodescendientes”, concluyó.