Argumentos para enviar a la cárcel a Andrés Felipe Arias

"No es del caso hacer ningún recurso", dijo y agregó que "sobretodo ante el mismo funcionario" afirmó el abogado.

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Orlando Fierro consideró que la Fiscalía logró evidenciar que el ex ministro si estaría comprometido en los delitos imputados y señaló que hay riesgo que Andrés Felipe Arias obstruya la Justicia.

Fierro acogió la petición de la fiscal general, Viviane Morales, quien pidió para el exministro la orden de detención y lo acusó de los delitos de "peculado por apropiación a favor de terceros y firma de contratos sin el lleno de requisitos".

Según Fierro, "la medida de aseguramiento es adecuada y necesaria", por lo que el despacho consideró que "es procedente" la detención del imputado, el más alto exfuncionario del expresidente Álvaro Uribe afectado por un escándalo de corrupción.

"Se dispone su inmediata reclusión en el centro carcelario La Picota", añadió Fierro.

La fiscal general, además, endilgó al exministro conservador la utilización del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que manejaba su cartera, como plataforma política para su aspiración presidencial en las elecciones de 2010.

La detención de Arias "resulta necesaria", dijo Morales, quien añadió que "los representantes de las entidades públicas no están solo para firmar, sino que son responsables de las contrataciones".

Consideró, igualmente, que el acusado "es un peligro para la comunidad".

El magistrado Fierro hizo una lectura pública de su decisión tras desestimar algunos argumentos presentados por la defensa el pasado 22 de julio e impartió la orden de detención de quien fue titular de Agricultura durante seis de los ocho años de Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.

El pasado 19 de julio el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó de manera retroactiva e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos al mismo exministro Arias.

El Ministerio Público responsabilizó a Arias de intervenir en convenios especiales de cooperación científica y tecnológica con omisión de estudios previos, y aprobar convocatorias públicas de riego y drenaje sin contar con factores de evaluación precisos y claros.

Asimismo, de celebrar convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica) prescindiendo de los procesos de licitación que ordena la ley.

La Procuraduría también lo responsabilizó de exceder los topes de gastos administrativos y de operación del programa gubernamental AIS, creado por el gabinete del propio Arias para preparar a productores rurales en riesgo por el tratado de libre comercio (TLC) de Colombia con Estados Unidos.

Sin embargo, una gran parte de los subsidios de AIS fue a manos de grandes hacendados de la costa norte, como las familias Dávila y Vives Lacouture, así como a reinas de belleza y familiares de altos cargos del Estado.

Además de Arias, el Ministerio Público sancionó a otros diez exfuncionarios con inhabilitaciones y destituciones de entre un mes y trece años.

Entre ellos se encuentran el extitular de Agricultura Andrés Fernández, sucesor de Arias, y el exviceministro Juan Camilo Salazar, sancionados por 11 años por exceder los topes de administración.

La decisión afectó también al exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Rodolfo Campo Soto, inhabilitado por 13 años por haber aprobado los términos de referencia de riego y drenaje y no haber realizado su revisión.

De resultar culpable de cargos, Arias tendría una pena de entre 4 y 15 años de prisión. EFE