Procuraduría confirma destitución de directora de la UAESP

Tres meses después de que la Procuraduría General de la Nación notificará en primera instancia la destitución de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Miriam Martínez, por presuntas irregularidades en la adjudicación de la licitación del relleno sanitario Doña Juana, el Ministerio Público dio a conocer este lunes, en segunda instancia, que deja en firme la decisión tomada el pasado 3 de mayo.

Frente al tema, la directora de la Uaesp dijo que tomará las acciones judiciales pertinentes para revocar la medida, que además, la inhabilita por 10 años para ejercer cargos públicos

Con la destitución de la directora de la Uaesp, la licitación de recolección, barrido y limpieza por 2,5 billones de pesos sería adjudicada por la alcaldesa Clara López Obregón.

La destitución de Martínez se debe a que la Procuraduría endilga a Martínez y a otros cinco funcionarios de esa entidad el cargo de falsedad en documento público.

Según el Ministerio Público, los funcionarios consignaron en el acta de adjudicación de la licitación efectuada el 14 de septiembre de 2010 información falsa. De acuerdo con la Procuraduría, en dicha acta, presentada por la directora de la Uaesp, se afirmó que la oferta económica del consorcio brasileño CGR (que a la postre resultó ganador) fue verificada por el comité evaluador, situación que no pudo ser comprobada en la investigación del proceso disciplinario.

El pliego de cargos señala al respecto que, “de acuerdo con lo que evidencian las grabaciones de lo ocurrido en la audiencia, la propuesta económica presentada por la Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana nunca fue verificada ni evaluada por el Comité Asesor y Evaluador de la Licitación Pública 001 de 2010, como se indicó en el acta de la audiencia de adjudicación; por consiguiente, al parecer y de conformidad con lo que indican las pruebas hasta ahora obrantes en el proceso, se consignó en dicho documento una información que no corresponde a la realidad de lo ocurrido durante la audiencia pública”.

Martínez ha dicho que la adjudicación de la licitación se dio dentro del marco legal y que nunca hubo falsedad.

La Procuraduría indica que durante el proceso licitatorio se desconoció el principio de moralidad, ya que se obró en forma contraria al consignar una información carente de verdad.