Corte pide al Procurador retractación por declaraciones del aborto

Tribunal asegura que faltó a la verdad y se extralimitó, pues el procurador Alejandro Ordóñez está violando los derechos sexuales y reproductivos con numerosos pronunciamientos públicos.

Colombia.com - Actualidad
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Tribunal asegura que faltó a la verdad y se extralimitó, pues el procurador Alejandro Ordóñez está violando los derechos sexuales y reproductivos con numerosos pronunciamientos públicos.

En varios cuestionamiento en los que se ha opuesto a la práctica del aborto, se han violado derechos a los cual la Corte Constitucional, ordenó rectificar tales señalamientos.

Con ponencia del saliente magistrado Humberto Sierra Porto, la corporación ordenó aclarar públicamente estos señalamientos, varios de los cuales han sido coadyuvados por la delegada de Familia Infancia y Adolescencia, Ilva Miriam Hoyos, por considerar que ha desorientado a las mujeres.

La Corte dice que no es cierto, como lo señaló el jefe del organismo de control, que se estuviera haciendo promoción de la interrupción voluntaria del embarazo con la sentencia T-388 de 2009, mediante la cual se ordenó instaurar la llamada 'cátedra del aborto' para enterar a las adolescentes de sus derechos en esta materia.

En igual violación a las garantías fundamentales de la población femenina estaría incurriendo la Procuraduría, según la Corte, con las declaraciones en las que Ordóñez sostuvo que la Anticoncepción Oral de Emergencia, comúnmente denominada como 'la pastilla del día después' es abortiva.

La Corte advirtió que la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Estado, a nivel interno, avalaron el uso de la píldora como un método de anticoncepción y no como una fórmula para abortar, como lo sostuvo el organismo de control.

A partir de estos postulados, esta Sala de revisión de tutelas repudió el que la Procuraduría haya solicitado excluir del Plan Obligatorio de Salud, POS, el suministro de la píldora.

La Corte concluyó que el Procurador no puede utilizar su posición como garante de derechos para desorientar a la ciudadanía y privar a las mujeres del goce efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos, aún cuando no esté de acuerdo con las decisiones del Alto Tribunal frente a la práctica del aborto.