Protestar, alertar o grabar redadas o operativos de ICE: acciones que hoy pueden costar un arresto

En los últimos meses, situaciones que antes parecían independientes comenzaron a reiterarse: sirenas, agentes federales en operativos migratorios y ciudadanos grabando con sus móviles. Lo que muchos no pensaban es que esa situación de documentar o llamar podría terminar en esposas y en una acusación federal.

El estatuto del que se habla es el Título 18, Sección 111 del Código de Estados Unidos. Se trata de una norma que sanciona a quienes agredan, resistan o interfieran con funcionarios federales ICE mientras ellos cumplen con sus labores. Habitualmente aplicada en momentos de violencia directa contra agentes, hoy su objetivo genera controversia por prolongarse a situaciones donde no siempre hay contacto físico.

El foco de la polémica se centra en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entidades dependientes del Departamento de Seguridad Nacional. Durante la actual administración del presidente Donald Trump, los métodos migratorios se reforzaron en distintas ciudades, y con ellos se incrementaron también los arrestos de habitantes que no eran el objetivo principal del operativo.

En diferentes distritos federales se documentaron detenciones de ciudadanos estadounidenses que seguían de cerca los movimientos de los agentes. Algunos sonaron la bocina para alertar a vecinos; otros únicamente grababan desde la vereda. Los señalamientos apuntaron a “obstrucción” bajo el Título 18 USC 111.

No obstante, la mayoría de esos métodos no llegó a juicio o terminó en absolución. En algunos casos, los jueces establecieron que no existía la “fuerza” necesaria para configurar el delito. Abogados defensores afirman que la ley requiere un elemento de agresión o amenaza real, y que registrar un proceso en la vía pública está protegido por la Primera Enmienda.

El propio director interino de ICE, Todd Lyons, afirmó ante legisladores que filmar a agentes no constituye por sí solo un delito federal. Aun así, el organismo sustenta que la creciente hostilidad hacia sus operativos obliga a aplicar medidas legales más grandes para garantizar la seguridad de sus funcionarios.

Organizaciones de derechos civiles alertan que el uso expansivo del estatuto puede generar un resultado intimidatorio. Señalan que el miedo a enfrentar cargos federales podría desalentar la supervisión ciudadana de procedimientos públicos.

La polémica no es menor. La ley prevé penas que pueden añadir años de prisión si se prueba que hubo agresión. Mientras tanto, en la práctica, muchos de los arrestos producidos por estos episodios no progresan judicialmente.

Entre el derecho a grabar y la facultad del Estado para ejecutar la ley migratoria, la frontera parece cada vez más confusa. Y en ese espacio, el Título 18 USC 111 se transformó en el eje de una polémica que combina seguridad, libertades civiles y el alcance real de la autoridad federal.