Juez frena deportaciones de Trump y ordena traer de vuelta a venezolanos enviados a megacárcel

Un tribunal federal nuevamente colocó límites a la política migratoria de Donal Trump. El juez James Boasberg ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump a facilitar el reingreso a Estados Unidos de más de 130 venezolanos que habían sido enviados en 2025 al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.

En su resolución, el magistrado afirmó que los migrantes fueron expulsados sin una audiencia previa que les facilitara su defensa de las acusaciones en su contra. Según el fallo, el Ejecutivo deberá pagar los gastos del viaje y asegurar la documentación necesaria para que quienes así lo decidan puedan volver y reanudar sus procesos migratorios en la zona estadounidense.

La Administración justificó los desplazamientos señalando presuntos vínculos con el Tren de Aragua, organización que Donal Trump considera una amenaza trasnacional. Para efectuar los traslados, el Gobierno argumentó la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa del siglo XVIII pensada originalmente para tiempos de conflicto.

Sin embargo, organismos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) refutaron que no se evaluaran los casos de manera individual ni se otorgará la posibilidad de impugnar la designación antes de la deportación. El juez respaldó que esa omisión incumplió el derecho al debido proceso.

El fallo también establece que, una vez vuelvan, los venezolanos quedarán bajo custodia migratoria mientras se analizan sus expedientes. El objetivo, según el tribunal, es que puedan presentar recursos legales y defenderse formalmente de las acusaciones que provocaron su expulsión.

La decisión simboliza un revés para la estrategia de deportaciones aceleradas impulsada por la Casa Blanca, que ha buscado ampliar el uso de herramientas legales antiguas para afrontar lo que considera amenazas a la seguridad nacional.

Además, el caso podría tener efectos más grandes. Expertos en derecho migratorio indican que la resolución consolida la idea de que incluso en contextos de seguridad, el Ejecutivo no puede omitir garantías constitucionales básicas. En medio de un momento político polarizado, el choque entre tribunales y Gobierno promete continuar, con implicaciones que van más allá de este grupo de migrantes y que podrían reformular los límites del poder presidencial en materia migratoria.

Mientras tanto, abogados de los deportados preparan nuevas acciones para garantizar que el regreso se concrete en plazos razonables y con supervisión judicial. El caso se perfila así como uno de los más importantes del año en el debate sobre seguridad, inmigración y límites constitucionales en Estados Unidos.