Falso bufete de colombianos en EE. UU. dejó víctimas con orden de deportación

Una polémica judicial de alcance trasnacional impacta a ciudadanos colombianos señalados de pertenecer a una red de fraude migratorio en Estados Unidos, donde presuntamente operaban por medio de un bufete de abogados de mentiras para engañar a migrantes.

La acusación fue informada ante el Distrito Este de Nueva York y relaciona a Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez, Alexandra Patricia Sánchez Ramírez y Marlyn Yulitza Salazar Pineda, todos originarios de Ibagué (Tolima) y residentes en Nueva Jersey EE.UU. Tres de los implicados son hermanos.

De acuerdo con la investigación federal, los implicados habrían creado una firma que no existe denominada CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria. A través de redes sociales, especialmente Facebook, brindaban supuestos servicios legales para regularizar el estatus migratorio de habitantes en Estados Unidos.

Las autoridades de EE.UU afirman que ninguno tenía licencia para ejercer como abogado en Estados Unidos, pese a que pedían honorarios que iban desde cientos hasta miles de dólares. Tras recibir dinero, enviaban documentos falsificados con logotipos de agencias oficiales para parecer legales.

El esquema iba más allá. Según la acusación, realizaban audiencias migratorias simuladas por videollamada en las que se hacían pasar por jueces, abogados y agentes federales. Para reforzar la credibilidad, utilizaban togas, uniformes y escenarios con banderas y sellos oficiales.

Durante estas sesiones ficticias obtenían información personal sensible de las víctimas. En algunos casos, aseguraban falsamente que los procesos estaban resueltos, lo que llevó a que ciertas personas no asistieran a audiencias reales. Al menos una víctima recibió una orden de deportación que posteriormente fue revocada tras descubrirse el fraude.

Las capturas se realizaron en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, cuando tres de los acusados intentaban abordar un vuelo hacia Colombia. La cuarta implicada fue detenida en un restaurante de Nueva Jersey, mientras que un quinto sospechoso permanece prófugo.

El fiscal federal Joseph Nocella afirmó que los implicados “socavaron la integridad del sistema de inmigración” al aprovecharse de personas en situación vulnerable.

Los cargos incluyen conspiración de fraude electrónico, fraude electrónico, lavado de dinero y suplantación de funcionarios federales, delitos que en EE. UU. pueden acarrear penas de hasta 20 años de prisión. Las autoridades reiteraron que se trata de acusaciones formales y que los procesados mantienen la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.