Entidades públicas se "rajan" en corrupción

De 88 entidades del Estado seleccionadas para la medición del índice de corrupción, sólo la empresa de energía ISA alcanzó el nivel óptimo. Según el resultado del estudio hecho a los índices de integridad de las Entidades Públicas y del comparativo de los poderes del Estado, el nivel de desempeño de integridad en este sector es precario. Instituciones como la Cámara de Representantes, el Senado de la República, los Ministerios de Transporte y Educación y Cajanal, obtuvieron las calificaciones más bajas.

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El estudio realizado por la Corporación Transparencia por Colombia, comprende el periodo entre el segundo semestre de 2001 y el primero de 2002. El trabajo de medir qué tan corruptas o transparentes son las entidades estatales y establecer una comparación en el desempeño de los poderes del Estado (Ejecutivo, legislativo y judicial) surgió debido a la poca información especializada que hay respecto al tema.

Uno de los objetivos que tiene el análisis, es establecer el nivel de corrupción de las entidades, y así, definir políticas y planes concretos dirigidos a elevar los niveles de transparencia.

Los resultados no son nada alentadores, por el contrario, se convierten en una alarma para la administración Uribe, para mejorar y formular verdaderas políticas. “Es verdaderamente bochornoso e inaceptable que una de 88 entidades se encuentre en el nivel óptimo”, aseguró el periodista Juan Lozano, miembro del Consejo Rector de Transparencia por Colombia.

Agregó, que las medidas adoptadas son insuficientes y están lejos de convertirse en una estrategia integral de lucha contra la corrupción.

Resultados

Sólo una entidad (ISA) logró el promedio por encima de los 90 puntos (nivel óptimo), 53 entidades correspondientes al 70% están por debajo de los 70 puntos (nivel bajo) y 22 entidades equivalentes a 29% presentan un desempeño apenas regular.

Entidades como la Cámara de Representantes, el Senado de la República, varios ministerios responsables del manejo de los mayores porcentajes de recursos del presupuesto nacional (Transporte, Educación y Defensa), y cuatro de los Fondos y Cajas encargados de los recursos de salud y seguridad social, se encuentran por debajo de los 50 puntos.

Cabe destacar que por la falta de información disponible, no se logró hacer el estudio completo de doce entidades entre las que se destacan en orden descendente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las superintendencias de sociedades, valores, notariado y registro, servicios domiciliarios; el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la Corte Constitucional, entre otras.

Senado y Cámara: los peores del Estado

En la evaluación comparativa de integridad entre las tres ramas del poder público y los órganos de control del Estado, se midieron los factores de transparencia, control y sanción, y eficiencia e institucionalidad.

Este análisis comparativo es de carácter descriptivo. En materia de transparencia se concluyó que a pesar de estar todos en un nivel regular, el mejor resultado lo obtiene el control fiscal (Contraloría), le siguen el poder ejecutivo y el Ministerio Público (Procuraduría y Defensoría del Pueblo)

Seguido está el judicial (Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo Superior de la judicatura, Fiscalía General de la Nación) En el último lugar se encuentra el legislativo (Senado y Cámara de Representantes)

En cuanto a control y sanción, el control fiscal y el poder judicial tienen mejor desempeño, le siguen el Ministerio Público y el poder ejecutivo. El poder legislativo tiene el peor desempeño del grupo.

El análisis del factor de eficiencia e institucionalidad muestra que ninguno de los poderes obtiene resultados sobresalientes. Aún así el mejor desempeño lo tiene el control fiscal, seguido del poder judicial, el Ministerio público, el ejecutivo y en último lugar el legislativo.

Según los analistas, que el poder legislativo sea el peor del Estado, traduce que el poder y la autonomía se ejercen fuera de donde verdaderamente hay que ejercerlas, y deja ver lo débiles que son las instituciones estatales en este tema.

Concluyen, que fuera de la falta de verdaderas políticas de anticorrupción, el problema es cultural y educativo. La sociedad y las mismas empresas no se apropian de la situación, son pocas las que tienen la corrupción entre sus prioridades, y lo que es peor, la han comenzado a aceptar.