Recaptura contra concejales

La Fiscalía General de la Nación ordenó la recaptura de dos de los tres concejales implicados en la presunta extorsión a un grupo de vendedores ambulantes, quienes debían pagar la suma de 400 millones de pesos para que los implicados votaran en contra del artículo del Código de Policía que prohíbe las ventas de la calle.

Los concejales que se afectan con la medida tomada por un fiscal de la Unidad Anticorrupción son Lilia Camelo y William Cubides, por su presunta responsabilidad en el delito de concusión. La medida de aseguramiento es sin beneficio de excarcelación.

Contra la Judy Consuelo Pinzón, vicepresidenta de la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá, no le fue dictada ninguna medida hasta que no termine su indagatoria.

Los tres implicados fueron capturados el pasado 8 de diciembre en la sede política de la concejal Judy Consuelo Pinzón, donde se encontró una maleta con 100 millones de pesos, al parecer, como adelanto de la presunta extorsión.
Los 300 millones restantes serían entregados una vez se cumpliera el debate en plenaria del Cabildo Distrital.

Dicho artículo pretende imponer multas de $578 mil pesos (por vendedor) a las empresas que patrocinan las ventas informales o ambulantes en la capital del país.

Aún así, el miércoles de la semana anterior la Fiscalía determinó darles la libertad, pues según la entidad de control, no se les cumplió el debido proceso al momento de su captura. Los concejales volvieron a sus trabajo aunque se declararon impedidos para tomar decisiones respecto al artículo de los vendedores ambulantes contenido en el proyecto del nuevo Código de Policía.

Durante la semana anterior los tres implicados se presentaron a la Fiscalía General de la Nación a rendir indagatoria. En el mismo caso, el director Nacional de Fiscalías, Justo Pastor Rodríguez aseguró que podría haber un cuarto concejal implicado, pero no se ha revelado nombre alguno.

Se conoció además, una grabación interceptada entre la concejal Lilia Camelo y Mauricio Castillo (presidente de la Corporación para el desarrollo social de lo buhoneros de Colombia) en donde hablaban sobre la entrega del dinero. En la misma conversación, la presidenta de la Comisión de Gobierno del Concejo le dice que las cuentas estaban cuadradas con 22 concejales.

Mauricio Castillo fue la persona que denunció el caso y colaboró con las autoridades para poner al descubierto el escándalo que hoy vuelve a tachar al Concejo de Bogotá.