Resultados de Zonas de Rehabilitación no son alentadores: Defensoría del Pueblo

Para la Defensoría del Pueblo los resultados obtenidos hasta el momento por las Zonas de Rehabilitación en Arauca no son satisfactorios y tampoco, se han cumplido las metas en materia de desarrollo social e inversión. Por esta razón recomienda que la acciones militares sean acompañadas de un fortalecimiento institucional.

Estas observaciones están contenidas en un informe que fue presentado este lunes por la Defensoría Nacional del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. En ese documento se analizan aspectos como la presencia de actores armados en la zona, sus características geográficas y las acciones adelantadas por el organismo.

Las Zonas de Rehabilitación fueron implementadas por el Gobierno bajo el decreto el Decreto 2002 de septiembre 9 de 2002 y al amparo del Estado de Conmoción Interior. Tres fueron los municipios cobijadas por esta medida en el departamento son Arauquita, Saravena y Arauca.

El departamento del Arauca está conformado por siete municipios: Arauca, que es la capital, Arauquita, Puerto Rondón, Saravena, Tame, Fortul y Cravo Norte. Su población aproximada además, es de 240.000 habitantes.

En el informe, se menciona además que su participación del Producto Interno Bruto en el total nacional ha descendido de 1.09% en 1994, para colocarse en un 0.99%, en 1999.

Sostiene la Defensoría asimismo, que los cultivos de coca en el departamento pasaron en menos de dos años, de 978 a 12.000 hectáreas sembradas. Las nuevas plantaciones de coca se encuentran en los corregimientos Pueblo Nuevo, Puerto Nidia, Oasis, Asunción y El Triunfo, de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita.

Zonas: frente de guerra abierto

Otro de los aspectos que se destaca es que para los pobladores la Zona de Rehabilitación es considerada como un “frente de guerra abierto”. Ello, porque allí, se han acentuado las acciones bélicas y el conflicto armado.

“La estrategia de seguridad del Gobierno no muestra resultados alentadores, especialmente en Arauca, ya que se continúa en una escalada de violencia, en donde las muertes selectivas y otras actividades vulneratorias de los DDHH y el DIH, muestran un sostenido aumento. Esta situación ha traído como consecuencia la zozobra de la población civil”, se asegura en la parte del informe referente a las conclusiones.

También, se explica por la constante confrontación de los grupos armados que operan en la zona. De esta forma, en el territorio tienen presencia el frente Domingo Laín y la compañía Simacot del Ejército de Liberación Nacional, (ELN) ubicados en el Piedemonte Llanero.

También están, los frentes 10 y 45 de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Farc y el bloque Centauro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con presencia en Tame y Puerto Rondón.

De esta agrupación igualmente, están las AUC I, en el municipio de Cravo Norte, y los grupos ACCB-AUC, con influencia en Arauca. Este último grupo, es disidente de Carlos Castaño y se denomina bloque Vencedores de Arauca.

Resalta a su vez, la persecución contra autoridades y funcionarios locales, el asesinato del Presidente del Concejo, Germán Cáceres Arévalo, fue asesinado y la renuncia de seis concejales más.

También, se refiere al incremento de ataques contra la Fuerza Pública y de las muertes violentas en Arauquita, con la creación de la zona, al aumento en el número de desplazamientos en la zona rural y en la utilización de actividades terroristas como la explosión de carros bomba en Arauca.

En cuanto a las quejas de los pobladores sobresalen tres casos, uno presentado en noviembre de 2002, al realizarse una retención masiva de 92 personas en Saravena; el segundo en el mismo mes cuando 19 personas fueron retenidas en Arauquita y el tercero, ante la retención de 13 personas fueron retenidas en el Oasis, Arauquita. La constante en estas diferentes situaciones, son los abusos de parte de la Fuerza Pública.

Por ejemplo, en el que se mencionó de primeras, estas personas permanecieron privadas de su libertad durante 36 horas, para su investigación. Luego, 52 fueron liberadas por no existir mérito para mantenerlas retenidas, otras 6 salieron también, después de rendir indagatoria y las 46 restantes, fueron procesadas por el delito de rebelión.

Recomendaciones

El ente de control insta al fortalecimiento del Estado como resultado de una política ordenada, en donde todas las instituciones puedan actuar conforme al mandato constitucional. Esta debe incluir, según se extracta del informe, aspectos como desarrollo social, inversión económica y social, educación, salud, vivienda, recreación y cultura.

Paralelamente, La Fiscalía, la Procuraduría, las Alcaldías, la Contraloría, deben contar con el suficiente respaldo de todo el Estado para fortalecer su presencia.

En este sentido, se recomienda entre otros, adecuar sedes de la Fiscalía y de los Juzgados en los municipios de la zona para garantizar la administración de justicia y para poder proceder con la celeridad ante las investigaciones sobre violación de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que sean requeridas.

“Se requiere un paquete de medidas urgentes que involucre a todas las instituciones del Estado, con el objeto de frenar la ola de violencia que producen los actores armados, y que causan la preocupante situación de derechos humanos en la Zona. Estas medidas deben coincidir con las que se planteen a mediano y largo plazo para contribuir con eficazmente a la protección de los derechos humanos de los pobladores de estos municipios”, es otro de los apartes del documento.

Adicionalmente, figuran, la extensión de la vigilancia defensorial a los municipios de Tame y Fortul, debido a que en éstos es donde se presenta el mayor número de acciones bélicas.

Se sugiere, adoptar correctivos que complementen las acciones militares en la zona y de busca la manera de garantizar la existencia y funcionamiento de los gobiernos locales.

Se demandan también, una mayor atención del Gobierno para atender las poblaciones de Fortul y Tame, las cuales sufren una escalada de violencia sin precedentes y se exige de los actores armados el respeto al Derecho Internacional Humanitario.