Los candidatos a la Presidencia quedaron en deuda con los DD.HH.

Los defensores de derechos humanos en Colombia, donde en 2009 fueron asesinados 32 activistas, denunciaron, a dos días de las elecciones presidenciales, la escasa atención que han puesto los candidatos a este problema en un país que vive un conflicto armado y salpicado por crímenes y escándalos.

"Estamos preocupados, pero también sorprendidos, porque los derechos humanos pasaron casi desapercibidos en esta campaña", dijo a Efe la portavoz del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Somos Defensores), Diana Sánchez.

La activista observó que la inseguridad de este colectivo merecía más espacio en los discursos de campaña de quienes aspiran a suceder al presidente Álvaro Uribe, quien entregará el poder el 7 de agosto próximo tras ocho años en el Gobierno.

Esa delicada situación la puso de manifiesto el Programa Somos Defensores en un informe en el que detalla que en 2009, además de 32 activistas asesinados, 99 fueron amenazados, 17 sufrieron atentados, 15 fueron detenidos de manera arbitraria y 10 afrontaron procesos, entre otros tipos de violencia.

Y sólo en las últimas dos semanas han sido asesinados tres dirigentes de organizaciones que defienden los derechos humanos y a los desplazados por el conflicto.

"Los asesinatos siguen y las amenazas se incrementan", insistió Sánchez.

De forma similar se expresó el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Jorge Rojas, quien reconoció haber constatado su "asombro" por la poca presencia de estos asuntos en las campañas.

Rojas manifestó a Efe que los aspirantes presidenciales asumieron una "actitud muy tímida" frente a cuestiones cruciales como el conflicto armado interno, el desplazamiento forzado, los derechos humanos y la crisis humanitaria.

"Fue mínimo el espacio que le dedicaron a los derechos humanos y sus pronunciamientos muy precarios", opinó, por su parte, el jurista Eduardo Carreño, de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

El letrado lamentó, en declaraciones a Efe, que entre los candidatos no haya una postura clara frente a la impunidad, y puso como ejemplos los escándalos de espionaje ilegal a magistrados, opositores, defensores y periodistas, y las ejecuciones extrajudiciales de civiles o "falsos positivos".

Para Carreño, sucede lo mismo en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de las integrantes de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia.

Hasta ahora, tan sólo se ha dictado una sentencia condenatoria contra un ex paramilitar, decisión que fue revocada, recordó el jurista, que subrayó que de los más de 31.000 desmovilizados 2.034 han sido asesinados.

"Y entre las víctimas que se han atrevido a reclamar, 24 han sido asesinadas", agregó Carreño, para quien "es aterrador" el desinterés de los aspirantes presidenciales por ese frente de la vida nacional.

Es una realidad que para el director de Codhes puede responder a una "estrategia electoral" porque "son temas que no dan muchos votos y, sobre todo, han sido vedados durante el Gobierno que termina".

A juicio de Sánchez, la portavoz de Somos Defensores, también pudo responder a que los candidatos evitaron entrar en confrontaciones ideológicas.

Desde que llegó al poder Uribe en 2002, han sido constantes las críticas por parte de su Gobierno a las ONG defensoras de derechos humanos y a sus líderes, y llegó incluso a tacharlas de estar al servicio del terrorismo.

Aún así, estas cuestiones que quedaron al margen de la campaña aparecen entre las que los activistas confían sean reivindicadas por el sucesor de Uribe.

Sánchez cree que se debe cambiar el "limitado" enfoque de la política gubernamental de derechos humanos, así como la remoción de la sospecha sobre las ONG y reconocer la importancia de la cooperación internacional.

Por su lado, Carreño y Rojas coinciden en la necesidad de que el próximo jefe de Estado reconozca que en Colombia existe un conflicto armado cuya solución no pasa por la vía militar.

José Guillermo Herrera – EFE


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