Uribe y la Corte Suprema chocan por asunto paramilitar

El proceso de paz que adelanta el gobierno con grupos paramilitares enfrentó este martes un nuevo obstáculo por cuenta de un enfrentamiento entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia.

Difieren en el tratamiento judicial que debe darse a los paramilitares desmovilizados.

En un nuevo episodio de lo que comentaristas locales han denominado el "choque de trenes" entre las distintas ramas del poder público, la Corte precisó que los paramilitares desmovilizados como parte del proceso de paz serán juzgados por concierto para delinquir y no por sedición.

Esa decisión, según voceros de los paramilitares, les negaría estatus de delincuentes políticos y empeoraría su situación judicial.

Varios jefes paramilitares desmovilizados reaccionaron advirtiendo que suspenderían su participación en las diligencias mediante las cuales han venido confesando sus actividades delictivas como parte de la llamada Ley de Justicia y Paz.

Poco después, Uribe terció en la discusión, afirmando en un acto público en Medellín que al paramilitarismo desmovilizado no se le puede negar el estatus de sedición y que el Estado debe cumplir los compromisos estipulados en la ley de Justicia y Paz.

El mandatario colombiano expresó que "si se le reconoce sedición a la guerrilla, se le debe reconocer sedición con los mismos elementos al paramilitarismo, y si se le niega la sedición al paramilitarismo, se le debe negar la sedición a la guerrilla por las mismas razones".

Sin embargo, en declaraciones citadas en el diario colombiano El Tiempo, el magistrado de la Corte, Julio Cesar Valencia Copete, negó que el fallo judicial estuviera haciendo distinción entre paramilitares y miembros de otros grupos armados ilegales.

"Si un guerrillero comete delitos de lesa humanidad, se le va a aplicar la misma decisión que aplicó la Corte en ese fallo", manifestó el magistrado.

Suspensión de confesiones

A través de Antonio López, los desmovilizados señalaron que la decisión de suspender las confesiones cuenta con el aval de los jefes paramilitares recluidos en una cárcel de máxima seguridad en Itaguí, a unos 800 kilómetros al noroccidente de Bogotá.

Según López la decisión de "parar" las confesiones, es un rechazo categórico a la Corte que les niega en adelante la categoría de delincuentes políticos, y de hecho, les hace perder significativos beneficios jurídicos, consagrados en la ley de Justicia y Paz aprobada por el Congreso en el primer gobierno del reelegido presidente Uribe.

López dijo que esto no quiere decir que los desmovilizados se estén apartando del proceso, sino que la decisión de la Corte va en contra de su voluntad de hacer la paz y que deja dificultades a más de 30.000 desmovilizados que se comprometieron a dejar las armas.

La BBC logró establecer que la decisión de congelar el proceso fue adoptada por una treintena de jefes desmovilizados y otros 30 mandos medios, que consideran que se ha configurado una "burla" por el "incumplimiento de los compromisos del gobierno en la mesa y en las garantías del debido proceso".

"Se suspenden las diligencias judiciales del proceso de construcción de la verdad, la información sobre fosas y desaparecidos y se paraliza el proceso de entrega de bienes para la reparación de las víctimas", anotó el vocero de los paramilitares desmovilizados.

Sin embargo, Camilo Güiza, abogado del jefe paramilitar Ramón Isaza, le dijo a la BBC que su defendido está preparado para continuar con sus compromisos de confesión ante la Justicia el próximo 21 de agosto y que hasta el momento no ha recibido ninguna orden para suspender las correspondientes diligencias.

Con información de BBC Mundo


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