Uribe y la Corte Suprema chocan por asunto paramilitar
Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República
Colombia.com (25/Jul/2007): El proceso de paz que adelanta el gobierno con grupos paramilitares enfrentó este martes un nuevo obstáculo por cuenta de un enfrentamiento entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia.
Difieren en el tratamiento judicial que debe darse a los paramilitares desmovilizados.
En un nuevo episodio de lo que comentaristas locales han denominado el "choque de trenes" entre las distintas ramas del poder público, la Corte precisó que los paramilitares desmovilizados como parte del proceso de paz serán juzgados por concierto para delinquir y no por sedición.
Esa decisión, según voceros de los paramilitares, les negaría estatus de delincuentes políticos y empeoraría su situación judicial.
Varios jefes paramilitares desmovilizados reaccionaron advirtiendo que suspenderían su participación en las diligencias mediante las cuales han venido confesando sus actividades delictivas como parte de la llamada Ley de Justicia y Paz.
Poco después, Uribe terció en la discusión, afirmando en un acto público en Medellín que al paramilitarismo desmovilizado no se le puede negar el estatus de sedición y que el Estado debe cumplir los compromisos estipulados en la ley de Justicia y Paz.
El mandatario colombiano expresó que "si se le reconoce sedición a la guerrilla, se le debe reconocer sedición con los mismos elementos al paramilitarismo, y si se le niega la sedición al paramilitarismo, se le debe negar la sedición a la guerrilla por las mismas razones".
Sin embargo, en declaraciones citadas en el diario colombiano El Tiempo, el magistrado de la Corte, Julio Cesar Valencia Copete, negó que el fallo judicial estuviera haciendo distinción entre paramilitares y miembros de otros grupos armados ilegales.
"Si un guerrillero comete delitos de lesa humanidad, se le va a aplicar la misma decisión que aplicó la Corte
Corte falló que los paramilitares serán juzgados como bandidos
en ese fallo", manifestó el magistrado.
Suspensión de confesiones
A través de Antonio López, los desmovilizados señalaron que la decisión de suspender las confesiones cuenta con el aval de los jefes paramilitares recluidos en una cárcel de máxima seguridad en Itaguí, a unos 800 kilómetros al noroccidente de Bogotá.
Según López la decisión de "parar" las confesiones, es un rechazo categórico a la Corte que les niega en adelante la categoría de delincuentes políticos, y de hecho, les hace perder significativos beneficios jurídicos, consagrados en la ley de Justicia y Paz aprobada por el Congreso en el primer gobierno del reelegido presidente Uribe.
López dijo que esto no quiere decir que los desmovilizados se estén apartando del proceso, sino que la decisión de la Corte va en contra de su voluntad de hacer la paz y que deja dificultades a más de 30.000 desmovilizados que se comprometieron a dejar las armas.
La BBC logró establecer que la decisión de congelar el proceso fue adoptada por una treintena de jefes desmovilizados y otros 30 mandos medios, que consideran que se ha configurado una "burla" por el "incumplimiento de los compromisos del gobierno en la mesa y en las garantías del debido proceso".
"Se suspenden las diligencias judiciales del proceso de construcción de la verdad, la información sobre fosas y desaparecidos y se paraliza el proceso de entrega de bienes para la reparación de las víctimas", anotó el vocero de los paramilitares desmovilizados.
Sin embargo, Camilo Güiza, abogado del jefe paramilitar Ramón Isaza, le dijo a la BBC que su defendido está preparado para continuar con sus compromisos de confesión ante la Justicia el próximo 21 de agosto y que hasta el momento no ha recibido ninguna orden para suspender las correspondientes diligencias.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el magistrado Alfredo Gómez, advirtió este domingo las consecuencias del anteproyecto de ley que el presidente Álvaro Uribe presentará ante el Congreso, en el que plantea que los crímenes cometidos por paramilitares sean considerados como delitos políticos.
En entrevista con El Tiempo, Goméz detalló que de aprobarse el referido anteproyecto, los desmovilizados combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tendrían entre otros beneficios, el "derecho al asilo político" (...) "latente la posibilidad del indulto y la amnistía", queda prohibida la extradición y podrían llegar a cargos públicos".
Desde ya se augura una fuerte batalla por parte de la oposición colombiana que intentará convencer a la opinión pública la "inconveniencia" del anteproyecto y las consecuencias para el proceso de paz. Sin embargo, especialistas aseguran que los votos de la mayoría estarán con el Gobierno.
La Corte Suprema del Colombia decidió esta semana que los paramilitares desmovilizados como parte del proceso de paz serán juzgados por concierto para delinquir y no por sedición. Y esa decisión, según voceros de los desmovilizados, les negaría estatus de delincuentes políticos y empeoraría su situación judicial.
Los jefes paramilitares desmovilizados en Colombia, anunciaron, luego del fallo de la corte, su decisión de suspender indefinidamente las diligencias judiciales de confesión, en el marco de la Ley de Justicia y de Paz.
Ante esa reacción, el gobierno de Uribe redactó un anteproyecto de ley para superar el impasse con los ex paramilitares con los que en abril pasado concluyó un cuestionado proceso que permitió que unos 32 mil integrantes de las AUC dejaran las armas.
Sin embargo, el máximo tribunal colombiano catalogó en un comunicado difundido este viernes de "censura grave y peligrosa" la posición del presidente Uribe, la cual según la corte, no es coherente con su llamado al diálogo y a la cooperación de todos los poderes del Estado.
Unos 19 mil combatientes rasos de las AUC que presuntamente no cometieron delitos atroces son a los que el Gobierno pretende cobijar con esa ley.
no se que es peor, una dictadura en donde lo que diga el maximo gobernante es lo que se haga o una "democracia" en donde se juega con las leyes y los entes gubernamentales no tienen validez ante los intereses particulares. asi es facil jugar y salir bien librado.
[11.1] Hector Abad / 01-Ago-2007 (06:58 pm)
Que un presidente, en una dis**** entre la Corte y los delincuentes, tome partido por estos últimos, es una vergüenza.
