El Procurador propone 25 mínimos para blindar el proceso de paz

Ordóñez también señaló en esos puntos, basados en sentencias de la Corte Constitucional, que es necesario juzgar a los integrantes de las FARC que "tengan la connotación de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática", según un comunicado de prensa.

Asimismo, subrayó la necesidad de mantener transparencia en el proceso de implementación de los criterios de selección y priorización de casos y esta investigación deberá ser imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable y con participación de las víctimas.

El procurador recuerda en otro de sus mínimos que corresponde al legislador la posibilidad de establecer un recurso para impugnar la decisión sobre la selección y priorización de dichos casos.

En otros de sus puntos, Ordóñez se refiere a las víctimas y dice que es necesario que reciban asesoría especializada así como una reparación integral que incluya conocer dónde se encuentran los restos de los familiares.

En referencia a la aplicación de un marco jurídico específico es necesario que antes haya una desmovilización que incluya el abandono de las armas, agrega el comunicado.

Entre los crímenes que deben ser perseguidos de manera prioritaria, el procurador afirma que deben ser "las ejecuciones extrajudiciales; tortura; desapariciones forzadas; reclutamiento ilegal de menores; y violencia sexual contra la mujer, siempre y cuando sean calificados como delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática".

En este sentido, Ordóñez insta a las FARC a que reconozca que han cometido "crímenes atroces", y que convirtió a la población civil en objeto de ataques, puesto que, en su opinión, sin ese reconocimiento no puede haber justicia transicional.

Ese proceso de colaboración de la guerrilla incluiría una labor de reparación de las víctimas.

Sobre los responsables de los crímenes más graves Ordóñez pidió que se respete la proporcionalidad que debe existir entre la pena y la gravedad de los crímenes cometidos.

En referencia a la participación en política de los posibles desmovilizados, el procurador recordó una sentencia que indica que dicha actividad estará supeditada al cumplimiento de las posibles condenas impuestas en el marco de la denominada justicia transicional.

El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mantienen diálogos de paz desde noviembre de 2012, durahte el cual han llegado a acuerdos sobre los primeros tres puntos de la negociación: tierras, participación política y drogas y cultivos ilícitos.

En este momento negocian el cuarto de los puntos, referido a las víctimas y aún deben discutir el quinto y último apartado sobre el fin del conflicto propiamente dicho, que incluye la discusión sobre dejación de armas y reintegración en la sociedad. EFE