Resultados de primer año de diálogo alimentan la esperanza de paz de Colombia

Los diálogos de paz en La Habana comenzaron el 19 de noviembre de 2012 pero no fue hasta mediados de este año cuando produjeron los primeros resultados, que han servido para disminuir el escepticismo de la mayoría de la población ante este proceso que si llega a buen puerto, pondrá a prueba la solidez de la democracia colombiana.

El jefe de los negociadores del Gobierno, el exvicepresidente Humberto de la Calle, afirmó hoy en la capital cubana, al concluir el último ciclo de diálogos del año, que los resultados de las conversaciones con las FARC "son importantes y esperanzadores" y muestran que "es posible" pensar en el fin del conflicto.

El primer avance fue el preacuerdo sobre tierras y desarrollo rural, anunciado el pasado 25 de mayo y que reviste la mayor importancia puesto que la cuestión agraria siempre ha sido una de las banderas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una guerrilla de origen campesino.

Igual de trascendental es el segundo preacuerdo, alcanzado el 6 de noviembre, referente a la participación política, con la idea de que las FARC "cambien las balas por los votos", como ha dicho el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.

Este punto implica un cambio en el sistema político colombiano para dar garantías del ejercicio de la oposición y a los movimientos que surjan de un acuerdo final de paz, así como democratizar los mecanismos de participación ciudadana y asegurar la transparencia del sistema electoral.

Sin embargo, la reciente destitución e inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos de que fue objeto el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que fue miembro del grupo guerrillero M-19, ha despertado suspicacias sobre la madurez de la democracia colombiana para incorporar a su sistema político a quienes han buscado el poder por la vía de las armas.

Las propias FARC acusaron al procurador general, el conservador Alejandro Ordóñez, que destituyó a Petro, de asestar un "grave golpe contra el proceso de paz" y aprovecharon esta circunstancia para denunciar la falta de garantías para hacer política en Colombia como argumento para justificar la opción militar como camino para llegar al poder.

"Siempre hemos expuesto que son precisamente la intolerancia, la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición política y la violencia recurrente del Estado, las causas de la larga confrontación armada que se libra en nuestro país", alegó el grupo guerrillero en un comunicado el pasado 10 de diciembre.

Este incidente ha servido para corroborar que el proceso de paz está realmente blindado contra interferencias externas y que en la mesa de diálogos se cumple lo acordado desde un principio, en el sentido de discutir estrictamente los seis puntos de la agenda, sin prestar atención a los ruidos políticos del país.

Eso no impide que las partes hagan pronunciamientos públicos sobre algunos asuntos de su interés, como ha ocurrido con las FARC en el caso de Petro.

A las negociaciones hay que abonarles también la tregua unilateral de 30 días que las FARC comenzaron el pasado 15 de diciembre con motivo de las fiestas navideñas porque aumentan la sensación de tranquilidad al país, aunque no es garantía de que no habrá ataques armados de esa guerrilla.

El proceso tiene todavía mucho camino por recorrer y numerosos obstáculos por sortear, pero, como afirmó hoy De la Calle, "la paz es posible, preparémonos para la paz".

Para que ese anhelo se concrete, es necesario que se inicien también negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla menos poderosa, que ya ha manifestado interés , al igual que el Gobierno de Santos, en abrir una negociación similar a la que está en marcha con las FARC.

Tras el receso de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno y las FARC volverán a la mesa de negociación el 13 de enero próximo para seguir con la discusión sobre drogas ilícitas, un fenómeno que se ha convertido en agravante del conflicto colombiano.

Después vendrán los puntos relacionados con fin del conflicto, las víctimas y la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos, que marcarán la agenda política del país en el año que está por comenzar. Jaime Ortega Carrascal. EFE