Exsubsecretario de salud de Bogotá es condenado por el ‘carrusel’ de ambulancias

Bogotá sigue sufriendo una gran cantidad de casos de corrupción, aspecto que tiene en jaque no solo la economía de la capital, sino de toda Colombia, país que es identificado como uno de los más corruptos del mundo. Ante esta situación, la Fiscalía tuvo la posibilidad de enviar a la cárcel al exsubsecretario de salud.

A pesar de que Varela y los contratistas del proyecto de la compra de automóviles con las herramientas necesarias para atender la salud en la ciudad, fueron hallados en primera instancia como inocentes. La Fiscalía hizo un arduo trabajo para revelar la verdad, la cual deja como claros implicados a cuatro personas, los cuales fueron los encargados de ejecutar estos contratos irregulares en la ciudad de Bogotá.

El exsubsecretario de Salud de Bogotá, Juan Eugenio Varela Beltrán y a los contratistas José Antonio Bonnet Llinás, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y Andrés Fernando Bocanegra, fueron hallados culpables por el famoso 'carrusel' de las ambulancias en Bogotá. Para dichos contratos, estas personas lograron cobrar precios desmedidos para adquirir las herramientas necesarias para los vehículos de prestación de servicios de salud en la capital.

Según la Fiscalía, el contrato N.º 1229 de septiembre de 2009, el cual fue suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Fondo Financiero de Salud del Distrito. Este documento dejó la compra de 55 ambulancias medicalizadas, 15 vehículos de respuesta rápida y la contratación del talento humano necesario para la atención de emergencias en la ciudad.

Como si fuera poco esto, la Fiscalía encontró evidencia de sobrecostos en la prestación del servicio profesional del talento humano. En medio de un comunicado, el ente confirmó que "se pagó por concepto de sueldos un total de 34.739 millones, pero en realidad este gasto alcanzó los 17.196 millones de pesos".

Como consecuencia de esto, Juan Eugenio Varela Beltrán fue sentenciado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a 18 años, 7 meses y 7 días de prisión. Por su parte, los contratistas deberán pagar una condena de 10 años, 8 meses y 28 días de prisión, por los delitos de peculado por apropiación.