Cartel de la Toga: excongresista que pagó soborno para evitar su captura fue inhabilitada por 15 años

En un histórico fallo, la Procuraduría General de la Nación ha sancionado a la exrepresentante a la Cámara Argenis Velásquez Ramírez con destitución e inhabilidad de 15 años, como resultado de sus actuaciones ilegales en el notorio caso conocido como el "Cartel de la Toga".

Velásquez, quien ocupó el cargo de representante a la Cámara entre los años 2014 y 2018, ha sido hallada culpable de entregar un soborno de 130 millones de pesos a un funcionario del despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo. Este acto tenía como objetivo obtener un favoritismo en un proceso penal que se estaba llevando a cabo en su contra.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en fallo de primera instancia, estableció que la excongresista entregó dicha suma de dinero al magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruíz, utilizando como intermediario a su abogado defensor, Luis Gustavo Moreno Rivera. Este pago tenía la finalidad de evitar una posible captura o llamado a juicio relacionado con la presunta apropiación de 300 millones de pesos durante su mandato como alcaldesa de Orito, Putumayo, entre los años 2009 y 2010.

La Procuraduría indicó que las acciones de Velásquez Ramírez “desplegadas para dar a un servidor público una suma de dinero con el fin de obtener beneficios en un proceso penal” confirmaron la materialidad de la falta imputada, demostrando así la responsabilidad de la procesada.

En el fallo, se subraya que la exrepresentante mostró "un desprecio total por la administración pública, la ética y la honradez que debe guiar el ejercicio de la función pública". Se enfatiza en la importancia de que aquellos elegidos por voto popular actúen con transparencia y corrección, aspectos que Velásquez Ramírez claramente desatendió.

La actuación ilícita de la excongresista fue detallada en las declaraciones del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera durante el proceso penal que investigó las conductas irregulares de varios funcionarios judiciales, incluyendo exmagistrados, en el entramado de corrupción del Cartel de la Toga.

Por estos hechos, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia también condenó a Velásquez Ramírez a diez años de cárcel, considerándola responsable del delito de concusión continuada. Según el fallo, la exrepresentante intentó sobornar a la Corte para detener una orden de captura en su contra, relacionada con la coacción ejercida sobre los funcionarios de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) asignados a su despacho para desviar parte de su salario a su esposo, abusando de su posición y poder político.