Fiscalía designa grupo especializado para investigar el asesinato del alcalde de Guachené

Un día de terror vivieron los habitantes del departamento del Cauca el pasado viernes 22 de diciembre, pues se registraron un total de seis homicidios en todo el territorio.

Entre las víctimas de los homicidios se encuentra el alcalde del municipio de Guachené, Cauca, Elmer Abonía Rodríguez, quien al parecer ya venía sufriendo persecuciones, pues había solicitado la protección del Gobierno hace algunos meses.

Este hecho ha generado rechazo por parte de distintos sectores políticos que exigen respuesta por parte de las autoridades frente a la situación de orden público en esa y otras regiones del país. Según el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, el mandatario de Guachené había solicitado protección para él y su municipio y el Gobierno no hizo las actuaciones pertinentes. 

"Lo más triste de todo eso es que apenas hace tres meses le estaba clamando al Gobierno Nacional y en los medios de comunicación que lo protegieran a él y a su municipio; hoy está muerto. Qué pesar que ya no están esos contadores de masacres, qué pesar que ya no están todos esos que hacían conciertos", dijo.

En respuesta a lo ocurrido, la Fiscalía General decidió desplegar un grupo especializado para investigar la muerte del mandatario local en la noche del pasado viernes. El ente investigador anunció que el CTI de la Fiscalía apoyará a la Sijín de la Policía para lograr esclarecimiento de los hechos ocurridos en la vereda Cabito en Cauca.

Las primeras versiones indican que el alcalde de Guachené fue abordado por desconocidos con armas de fuego, quienes le dispararon en varias oportunidades ocasionándole la muerte. El hombre fue atendido en el hospital de Puerto Tejada junto a su escolta quien quedó gravemente herido.

Según Indepaz, Abonía había sido interceptado hace un año, exactamente el 31 de diciembre del 2022, por un grupo de hombres quienes hurtaron en vehículo donde se transportaba.

En el informe divulgado por la institución, la Defensoría ya había emitido previamente dos alertas tempranas (AT 019/23 y AT 036/23). Estas alertas destacaban el escenario de riesgo al que se enfrentan aquellos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social, tanto de manera individual como colectiva, en diversos ámbitos o sectores en el país.

"La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados representa un riesgo constante de violación de los derechos de la población", explicaron en el informe.