Llaman a juicio a 6 ex funcionarios y 2 ganaderos por pactos con AUC

La Fiscalía llamó a juicio a seis ex funcionarios del Estado y a dos ganadores que en 2001 firmaron un pacto con la ahora disuelta organización paramilitar AUC, informaron en Bogotá fuentes de la entidad judicial.

Un ex congresista, un ex director de instituto gubernamental, un ex gobernador y tres ex alcaldes están en el grupo de políticos que serán enjuiciados, precisó la Fiscalía General, que en mayo del año pasado había ordenado el arresto de los implicados.

Los detenidos deberán comparecer por presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que se derivaron de la firma del llamado Acuerdo de Ralito, suscrito por una treintena de políticos y una docena de jefes de esa organización.

El documento fue formalizado en julio de 2001 en la aldea de Santa Fe de Ralito y, con él, las partes se comprometieron a "refundar la patria" y "firmar un nuevo pacto social".

La fiscalía precisó que entre los llamados a juicio están el ex congresista José María Imbet, el ex gobernador José María López, Luis Carlos Ordosgoitia, ex director de un instituto adscrito al Ministerio de Transporte, y los ex alcaldes Edwin José Mussi, Sigifredo Senior Sotomayor y Jorge Arturo Ospina.

El grupo lo completan los ganaderos José Luis Chadid y Víctor Antonio Guerra, indicó la fuente.

Asimismo, la entidad judicial ordenó separar de la investigación a nueve implicados más, al no hallar mérito para llamarlos a juicio.

Entre ellos están el ex congresista Freddy Ignacio Sánchez, el ex legislador regional Álvaro Antonio Cabrales y Marciano Celedón Argel, ex secretario de Planeación de Tierralta, localidad a la que pertenece Ralito.

Esta aldea sirvió de sede al proceso de paz entre el Gobierno del presidente Álvaro Uribe y las AUC, que se disolvieron a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31.000 paramilitares.

El proceso en la fiscalía forma parte de la investigación del llamado escándalo de la "parapolítica" que se hizo evidente con la divulgación, en noviembre de 2006, del Acuerdo de Ralito.

Esta entidad judicial asumió el caso de los funcionarios sin fuero, entre ellos de congresistas que renunciaron tras ser detenidos, mientras que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, sigue el de los parlamentarios implicados, que suman casi cincuenta.

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