Gobierno se defiende ante ‘puñaladas’ de Petro

Política - Miércoles, 18 / Abr / 2007

El gobierno consideró en Bogotá que el congresista opositor Gustavo Petro ha pretendido crear un "ambiente de ilegitimidad del Estado", con las imputaciones que le hizo al presidente Álvaro Uribe en un pleno del Senado.

El consejero de Uribe, José Obdulio Gaviria, dijo que el debate parlamentario promovido por Petro "es una combinación de calumnias, de desinformación (y) de hechos judiciales cuyas conclusiones no anuncia".

"Todo ello reunido para crear un ambiente de ilegitimidad del Estado colombiano, contra el cual se han alzado organizaciones guerrilleras y paramilitares", enfatizó el asesor presidencial.

Gaviria dijo que "Colombia es una gran nación, y la que pintan los guerrilleros, los paramilitares y ciertos sectores de la legalidad en Colombia no destruirá el ímpetu democrático que le permite crecer y mejorar todos sus indicadores".

El objetivo de Uribe es el de "profundizar la democracia, para que nunca más ocurran hechos como los que protagonizaron guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares", continuó el asesor.

Así mismo, rechazó las afirmaciones de Petro de que el presidente Uribe aprobó la creación de cooperativas de seguridad a antiguos paramilitares y de que su entorno familiar tuvo nexos con los mismos.

En un pleno del Senado, convocado para un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia (noroeste), el legislador sostuvo que Uribe, como gobernador de ese departamento en el período 1995-1997, aprobó la creación de 82 cooperativas de seguridad rural, una de ellas al ahora ex jefe máximo de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.

Petro dijo que el escuadrón privado de Mancuso se conoció como "Horizontes" y que, como los demás, explican "el crecimiento enorme del paramilitarismo" que se registró en Antioquia y el país.

Las "Convivir" (cooperativas de seguridad rural) tuvieron vínculos con narcotraficantes y contaron con la presunta colaboración de efectivos de la Fuerza Pública, sostuvo el senador, ex rebelde del disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) y líder en el Senado del Polo Democrático Alternativo (PDA).

Según él, "los militares y el narcotráfico propiciaron la creación del paramilitarismo para que se custodiaran las tierras del Magdalena Medio y el Urabá antioqueño, y las pistas que servían para sacar diariamente 20 ó 30 vuelos con coca".

Con base en testimonios judiciales y otras pruebas, Petro advirtió que oficiales militares y policiales mantuvieron relaciones con los desaparecidos jefes mafiosos Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez, del antiguo cártel de Medellín.

El senador sostuvo que el actual comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Daniel Castiblanco, visitó en alguna ocasión a Pablo Escobar en la hacienda Nápoles, emblemática propiedad del narcotraficante.

También atribuyó a una alianza entre las AUC, narcotraficantes y "militares anticomunistas" el asesinato en 1989 de Luis Carlos Galán, quien por entonces promovía su candidatura presidencial.

La sesión despertó gran expectación en el país, por versar sobre Antioquia, la región natal de Uribe, y por remontarse a los años en los que él ejerció allí como gobernador.

El debate estuvo antecedido por nuevas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que amplió a ese departamento la investigación del llamado escándalo de la "parapolítica", de presuntos nexos de políticos con las AUC.

La Corte Suprema ordenó la detención, desde el pasado noviembre, de nueve congresistas, todos ellos de la coalición afín a Uribe.

Entre ellos está el senador Álvaro Araújo, hermano de la ex ministra de Relaciones Exteriores María Consuelo Araújo, quien renunció al gabinete de Uribe el pasado febrero en medio del escándalo.

La causa del alto tribunal tiene como testigos a varios ex jefes de las AUC, incluido Mancuso, recluido en una cárcel de seguridad cercana a Medellín junto a otros 58 antiguos mandos de la organización.

Todos ellos se desmovilizaron dentro de un proceso de paz con el Ejecutivo que comenzó en diciembre de 2002 y que terminó a mediados de 2006, con el desarme de unos 31.000 ultraderechistas.