El gobierno quiere una ley para resolver la situación de 18.000 paramilitares

El presidente, Álvaro Uribe, anunció la presentación de un proyecto de ley para resolver la situación de 18.000 paramilitares de las AUC, que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz en base a que sus delitos serían considerados políticos.

Uribe y el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, (MAPP-OEA), Sergio Caramagna, expresaron su preocupación por la rebeldía declarada por los jefes paramilitares de no acudir a las diligencias judiciales al no ser reconocidas ahora sus acciones como delitos políticos.

Ambos advirtieron a los jefes desmovilizados de las AUC, que de persistir en esa rebeldía, perderán los beneficios jurídicos.

Los jefes "paras" armada detenidos en la cárcel de Itagüí, noroeste del país, declararon su rebeldía esta semana, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que negó la posibilidad de que sean juzgados por sedición, es decir por delitos políticos.

Una treintena de jefes de las AUC y otro tanto de mandos medios, anunciaron que congelaban indefinidamente las confesiones en las diligencias judiciales en el marco de la Ley de Justicia y Paz, instrumento legal que abrió paso a su desmovilización.

Según los propios paramilitares, la decisión de la CSJ los deja en la misma condición en que estarían si no hubieran negociado un proceso de paz con el gobierno.

Uribe explicóque la iniciativa que presentará al Congreso "debe buscar que se aplique el delito de sedición para poder resolver el problema de los 18.000 (de los 31.000 paramilitares desmovilizados), a quienes todavía no les ha cesado la acción o dar la posibilidad de que sin calificar el delito como político (...) se les reconozcan todos los beneficios a que tienen derecho".

Aclaró que la iniciativa no cobijará "a servidores públicos involucrados con paramilitares", encausados por el escándalo de la "parapolítica" (congresistas y ex funcionarios por presuntos nexos con jefes de la ultraderecha armada), ni a quienes hayan cometido delitos atroces.

"O que reviva la sedición, excluyéndola para los servidores públicos, o que nos den la alternativa de otra figura que permita que sin ninguna duda y sin ningún temor, a esos 18.000 a quienes no les han aparecido otros delitos, se les pueda dar la figura de la cesación de la acción penal", explicó Uribe.

Uribe y Caramagna coincidieron hoy en Bogotá en los actos de celebración de los dos años de promulgación de la Ley de Justicia y Paz.

Uribe subrayó que "es un grave error, frente al dolor del pueblo colombiano, persistir en la idea de que son diferentes los delitos de los guerrilleros que los de los paramilitares".

Recordó que desde antes de las elecciones presidenciales de 2002, había señalado que no era posible seguir estableciendo diferencias entre los delitos de la guerrilla, "para tratarlos con atenuantes, y los delitos de los paramilitares para tratarlos con agravantes".

Invitó a la CSJ a dialogar, "de cara al país", sobre ese asunto, y señaló que "el proceso de paz es del Estado, no es un capricho del presidente".

El delegado de la OEA, por otra parte, tras insistir en su preocupación por la situación dijo que quienes perderán por ello son los paramilitares y el país.

"El proceso de Justicia y Paz tiene sus grandes dificultades: para algunos es inconveniente, para otros difícil de comprender e incluso para algunos críticos bien intencionados", dijo Caramagna.

Y advirtió que para la MAPP-OEA "constituye una oportunidad" y destacó que es "el instrumento elegido por las instituciones colombianas para encauzar uno de los procesos más complejos del continente".

Explicó que la desmovilización paramilitar y la aplicación de la Ley de Justicia y paz "ha generado espacios y oportunidades para las víctimas. Posibilidades para conocer la verdad. Posibilidades para que el pasado no se cancele en la impunidad".

El Gobierno de Uribe y las AUC celebraron negociaciones entre 2003 y 2006, en un proceso por el que se desmovilizaron más de 31.000 miembros de esos escuadrones.

En la evaluación de los dos años de la Ley, otros altos cargos que intervinieron en la evaluación, destacaron los obstáculos más importantes de la norma como la reinserción social, la suspensión de las órdenes de extradición, la reparación a las víctimas y los centros de reclusión, entre otros.

Con información de EFE


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