¿Un empujón o un tropezón? La subida del mínimo agita la economía
Con $1.423.000 para el próximo año, las opiniones están divididas: ¿es un respiro para el trabajador o una carga para las empresas?
Con $1.423.000 para el próximo año, las opiniones están divididas: ¿es un respiro para el trabajador o una carga para las empresas?
El presidente Gustavo Petro oficializó el aumento del salario mínimo en Colombia para el 2025, estableciéndolo en $1.423.000 mensuales, lo que representa un incremento del 9,54%. Sumado al auxilio de transporte, la cifra total llega a $1.623.500.
Según el mandatario, esta medida busca equilibrar las necesidades de los trabajadores frente al creciente costo de vida, sin ignorar las preocupaciones de los empresarios por mantener la competitividad económica.
El anuncio, realizado desde Zipaquirá, Cundinamarca, ha generado debates. Mientras algunos sectores defienden el ajuste como un paso hacia una mayor equidad económica, otros advierten que podría afectar la sostenibilidad empresarial. De hecho, gremios comerciales habían advertido que un aumento cercano al 10% podría ser perjudicial para la economía nacional.
Sin embargo, Petro optó por un porcentaje que toma en cuenta la inflación y la productividad reportada por el DANE, intentando mediar entre las demandas de las centrales obreras, que pedían un 12%, y las propuestas más conservadoras del sector empresarial, que oscilaban entre el 5,2% y el 6,8%.
En el contexto latinoamericano, Colombia sigue teniendo un salario mínimo relativamente bajo. Según el diario La República, el país ocupa el sexto lugar entre los salarios más bajos de la región, con un equivalente de 322 dólares al mes. En comparación, países como Costa Rica, Uruguay y Chile lideran el ranking con salarios que superan los 500 dólares. Aun así, el nuevo salario supera al de países como Argentina (163 dólares) y Brasil (260 dólares).
Expertos como Henry Amorocho Moreno aseguran que el aumento no impactará drásticamente la competitividad, pues factores como la reducción de la inflación serían más determinantes. Por otro lado, Juan Camilo Torres subrayó la importancia de las negociaciones transparentes y el cumplimiento de la Ley 278 de 1996.
Aunque esta decisión plantea retos para la calidad del empleo y las condiciones laborales en un país donde muchos trabajadores ganan el mínimo en sectores informales, también representa una apuesta hacia la redistribución de la riqueza. Sin embargo, el impacto real en la economía colombiana será un tema clave para el próximo año.