Elecciones en El Salvador: Nayib Bukele cuenta con una favorabilidad aplastante

Los ciudadanos salvadoreños iniciaron su participación en las elecciones de este domingo 4 de febrero, anticipándose a una votación que probablemente asegure la reelección y fortalezca el poder del presidente Nayib Bukele.

Bukele ha sido elogiado por su enfoque implacable contra las pandillas, lo que ha resultado en la detención de numerosos miembros y en una disminución significativa de la violencia, aunque con ciertas restricciones a las libertades civiles.

Con 42 años y una popularidad cercana al 90%, Bukele es prácticamente seguro de obtener un segundo mandato de cinco años, ya que no enfrenta adversarios considerables y podría incluso consolidar su control sobre el nuevo Congreso de 60 escaños, que ya domina cómodamente.

El proceso electoral, que se lleva a cabo bajo estado de excepción, representa una novedad histórica para El Salvador, siendo la primera vez desde el fin de la guerra civil en 1992 que se realizan elecciones bajo estas condiciones.

Más de 6,2 millones de salvadoreños, incluidos 740.000 en el extranjero, están llamados a votar en esta jornada electoral, que se inauguró con un llamado a la civilidad por parte de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Martínez, en el centro histórico de San Salvador.

Los ciudadanos, que han experimentado un alivio en la seguridad en sus comunidades anteriormente asoladas por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, respaldan en su mayoría la estrategia de mano dura de Bukele, aunque esto haya implicado algunas restricciones a las libertades individuales.

El presidente Bukele aspira a convertir a El Salvador en el país más seguro de América Latina, implementando medidas como el estado de excepción en marzo de 2022, que ha resultado en un notable descenso en los índices de violencia, aunque con críticas de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por arrestos arbitrarios y maltrato a detenidos.

El control de Bukele sobre las instituciones estatales, incluyendo el parlamento, la justicia y la Fiscalía, ha suscitado preocupaciones sobre la concentración de poder, especialmente después de que un Congreso renovado interpretara la Constitución a favor del presidente, permitiéndole postularse para un segundo mandato, lo que algunos consideran inconstitucional.