¿Visa americana? Por ahora no: Embajada cierra solicitudes en Bogotá

En medio de tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, la Embajada de este último país en Bogotá anunció el cierre de su sección de visas desde el 27 de enero de 2025. Esta decisión surge tras la postura del presidente Gustavo Petro, quien ordenó devolver dos vuelos de migrantes colombianos deportados desde EE.UU., cuestionando las políticas migratorias de ese país.

A través de su cuenta en X, Petro criticó el trato hacia los migrantes colombianos, afirmando que no deben ser tratados como delincuentes. Además, instó al gobierno de Donald Trump a establecer un protocolo que garantice condiciones dignas antes de recibir a los deportados.

Fuentes oficiales del Departamento de Estado señalaron que, además de la suspensión de visas, podrían tomarse medidas adicionales en respuesta a las acciones del gobierno colombiano. Este escenario se enmarca dentro de la política migratoria más estricta impulsada por Trump tras su regreso al poder, que busca revertir las medidas implementadas en la administración de Joe Biden.

Entre las medidas destacadas se encuentran ampliar la deportación acelerada, restringir la ciudadanía por nacimiento y dar mayores facultades a las agencias migratorias para realizar operativos en lugares sensibles, como escuelas e iglesias. Estas decisiones han generado rechazo en diversos sectores, incluyendo expertos legales y gobiernos locales demócratas, quienes han llevado el tema a los tribunales.

Por otro lado, el Pentágono enfrenta críticas por los altos costos asociados a la deportación de migrantes mediante aviones militares. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional suele alquilar vuelos comerciales para estos fines, la declaración de emergencia nacional ha permitido utilizar recursos militares sin calcular previamente los gastos.

Según datos disponibles, operar un avión C-17 durante 12 horas cuesta cerca de 252.000 dólares, mientras que un C-130E alcanza entre 816.000 y 852.000 dólares por vuelo. Esta estrategia no solo resulta significativamente más cara, sino que podría agravar las tensiones sobre el manejo de recursos públicos en medio de las políticas de deportación masiva.