Alias Calarcá era advertido sobre operaciones en su contra según información de computadores del disidente

Después que la fiscal Luz Adriana Camargo asegurara que la información hallada en los computadores de alias Calarcá es verídica, se ha desatado nuevamente la controversia porque se acusa al gobierno nacional presidido por Gustavo Petro de permitir a través de la paz total que grupos al margen de la ley cometieran todo tipo de delitos. 

´Negociaban y planeaban homicidios´

Entre la delicada información que dio a conocer la fiscal Luis Adriana Camargo existen evidencias según las cuales las disidencias de alias Calarcá negociaban la paz y a la par planeaban homicidios como es el caso de un líder social, pero otro asunto que reviste suma preocupación es que se aprovecharon del acceso a la información que tenían a través de contactos para evadir cualquier tipo de operación militar en su contra. 

En el 2025, una investigación periodística de Noticias Caracol reveló los vínculos entre el Estado Mayor de Bloques y Frente EMDF, una disidencia de la de las extintas FARC con un general del Ejército colombiano y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI.

Alias Calarcá habría obtenido información reservada para evitar operativos de las Fuerzas Militares y recibió apoyo para poder desplazarse hasta sitios seguros. Desde aquella época, el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, el funcionario del DNI fueron involucrados en este asunto, sin embargo, el presidente Gustavo Petro los defendió, en especial a Mejía. 

A través de las personas mencionadas anteriormente, las disidencias de las FARC habrían evitado operativos de la Fuerza Pública en la región del Catatumbo en el departamento del Norte de Santander en Antioquia y en el sur del departamento de Bolívar. 

En una carta revelada por un integrante del EMBF se asegura que el general Huertas habría dado la orden para que Calarcá y varios de sus disidentes no fuesen detenidos en ningún lugar del país.

Empresa de seguridad privada

Otro asunto que vuelve nuevamente a ser considerado tiene que ver con la presunta colaboración entre el general Juan Miguel Huertas y las disidencias de alias Calarcá con el ánimo de fundamentar una empresa de seguridad privada con la idea de que cerca de 20 hombres de las disidencias pudiesen tener más seguridad cuando se trataba de los desplazamientos de sus comandantes.

Para el general Huertas, la creación de una empresa de seguridad era una buena inversión porque en caso de que los procesos de paz fallaran quedarían como hombres legales. La carta del disidente con identidad protegida también aseguraba que la agrupación ilegal que negociaba con el Gobierno no tenía ninguna expectativa de que estás prosperaran, por lo tanto, muchos se preguntan qué hacía el gobierno negociando con un grupo irregular armado que no tenía ningún tipo de voluntad de paz.