Las demoras de la Justicia para reparar a las víctimas del conflicto en Colombia

A 31 de diciembre de 2019 la deuda del Estado por sentencias y conciliaciones ascendió a un total de 10,3 billones de pesos, y arrastra un número de 399.048 procesos judiciales activos en contra, que no han sido liquidados, afectando la cartera del estado y a los beneficiarios de estos fallos a favor, según el último informe de litigiosidad.

Casos como los falsos positivos, víctimas del conflicto armado o de entidades como el INPEC, Fiscalía, Policía e Invías constituyen esas deudas de la Nación, siendo el Ministerio de Defensa la entidad que acumula la mayor parte.

Inicialmente se proyectaba que los pagos de estos fallos, que oscilan entre los 50 y mil millones de pesos,  se realizarían en un plazo no mayor a 24 meses para cada proceso. Hoy están tardando de 4 a 7 años y una de las razones del pago tardío es la reducción año tras año, del presupuesto para cada entidad en este concepto.

Esta demora en los desembolsos hace que el beneficiario se vea afectado una vez más, primero por el daño per se, y luego por la larga espera para obtener la reparación económica, que solo compensa en parte la afectación emocional, física y psicológica que han padecido.

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Colaboración en el camino

Es por eso que han aparecido varias empresas especializadas en la compra de sentencias y conciliaciones, que buscan reducir esos tiempos y hacer valer la dignidad de las víctimas en el país.

Por jemplo, Conactivos, una de las más famosas, ayuda a los beneficiarios a que reciban mucho más rápido el dinero que les ha sido reconocido, reduciendo el tiempo de espera de 5 años o más, a un período de entre 1 a 3 meses.

“Hay ocasiones en que los favorecidos, no alcanzan a ver el dinero pues fallecen antes de recibirlo, por eso al comprar esa sentencia se logra darles liquidez de una manera transparente y ágil, y ayudar a miles de colombianos que están en esa prolongada espera", dijo Adriana Duarte, directora jurídica de la empresa.

Para Duarte, “gran parte de las personas que ceden sus sentencias son de bajos recursos y viven en zonas vulnerables. Gracias a este trabajo muchos han logrado mejorar su calidad de vida,  pagar tratamientos de salud o adquirir vivienda propia, pues lograron obtener los recursos mucho más pronto”.

Así, esta organización ha logrado generar liquidez a más de 1.500 beneficiarios de diversos departamentos como Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Atlántico, Norte de Santander entre otros.

“Con este servicio se logra remediar en parte el perjuicio que sufrieron estas personas, que en ocasiones tras la pérdida de un familiar el dinero no compensa esta situación, pero sí mejora en parte su calidad de vida”, concluye Duarte.

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