Por: Redacción Actualidad • Colombia.com

La JEP le coloca la lupa a los crímenes en el Cauca

La Jurisdicción Especial para la Paz investigará los crímenes de ocho municipios en el norte de este departamento.

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La Jurisdicción Especial para la Paz investigará los crímenes de ocho municipios en el norte de este departamento.

Los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado y cuyo núcleo fue el departamento del Cauca, una de las regiones más azotadas por la guerra en el territorio nacional, alcanzaron La Justicia Especial para la Paz (JEP), de acuerdo al anunció de este martes por parte del alto tribunal y la apertura de su quinto caso (005). Para esto se investigará específicamente los delitos criminales durante la confrontación en ocho de sus municipios.

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Mediante un comunicado, La JEP aseguró que en el que informó que avoca el caso "por los hechos cometidos presuntamente por los miembros de las FARC-EP y la fuerza pública entre el 1 de enero de 1993 y con anterioridad al 1 de diciembre de diciembre de 2016".

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De esta manera, El Tribunal Especial para la Paz abrió el Caso 005 con la idea de darle prioridad a los crímenes que se realizaron en esta golpeada región del país. Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono, son loas ocho municipios del departamento que fueron seleccionados por su "grave situación humanitaria". 

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Para solicitar este nuevo frente de investigación La JEP comenzará a reunir la información sobre los hechos ocurridos en estas poblaciones y llamará a los involucrados a que rindan versiones libres y voluntarias.

"La sala decidió priorizar esta situación debido a que el departamento del Cauca es especialmente representativo frente al conflicto armado, ya que en este han confluido todos los actores armados que han cometido violaciones representativas a los Derechos Humanos y que afectaron a grupos sociales, especialmente vulnerables (pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas)", explicó el tribunal en el escrito.

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De acuerdo al Registro Único de Víctimas, hasta el 31 de diciembre de 2014 en ese departamento se registraron más de 100.000 personas víctimas de desplazamiento forzado, motivado por los diferentes los bandos que intervinieron o intervienen aún en la región.

Asimismo, entre 2000 y 2013 en la zona conformada por el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca se presentaron 7.582 fallecimientos a causa el conflicto armado y derivado de sus enfrentamientos.

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Bajo este escenario, este mismo caso se añade al relacionado con los secuestros cometidos por las FARC entre los años de 1993 y 2002 y que llevó a la cúpula de ese grupo a comparecer por primera vez ante el tribunal de paz.

La magistrada de la sala de reconocimiento de la jurisdicción, Belkis Izquierdo, explicó que estos hechos afectaron a grupos sociales como los pueblos indígenas, afrodescendientes y las comunidades campesinas, especialmente afectadas durante el conflicto. "El norte del Cauca fue centro de acciones del Bloque Occidental o Bloque Alfonso Cano de las Farc-EP y se replegaron numerosos frentes que buscaban aprovechar sus características geoestratégicas para ocultarse de la fuerza pública", aseveró. 

En su observación, la Sala de Reconocimiento de Verdad examinó el universo de hechos ocurridos en todo el territorio del departamento del Cauca, haciendo ver los datos contenidos en varios informes presentados ante la JEP. "Se identificaron conductas como desplazamiento forzados, detenciones irregulares, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, desaparición forzada, entre otras", explicó la magistrada. 

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Los otros casos tratados por la JEP

Con este será el quinto caso que la Jurisdicción Especial le da apertura luego de los casos sobre secuestros a manos de las Farc (001); el caso por la situación de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño (002); el caso por los falsos positivos (003); y el caso con el que se prioriza la situación en Urabá (004).

El segundo se relaciona con la violencia contra pueblos étnicos en Colombia y el tercero con los "falsos positivos", como se conoce en el país el asesinato de civiles a manos de militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

El cuarto caso se abrió para investigar los crímenes del conflicto armado ocurridos en la región del Urabá, de la que hacen parte los departamentos de Antioquia y Chocó.

Cabe recordar que la JEP es el organismo de justicia establecido por los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional del entonces presidente Juan Manuel Santos, esto con el objetivo de investigar y juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, cuyo principal objetivo es obtener la verdad y evitar su repetición.

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JEP priorizó la grave situación humanitaria en el norte del Cauca:

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