A un año de asesinato del presidente de Haití, detenidos colombianos no han sido imputados

El 7 de julio de 2021 fue una jornada oscura para la vida política de Haití debido al asesinato de su presidente Jovenel Moise en medio de un entramado en el que participó un grupo de mercenarios colombianos que presuntamente viajaron hasta la nación antillana exclusivamente para acabar con la vida del mandatario de 53 años.

Días después del asesinato de Moise comenzó la guerra de las especulaciones y acusaciones, se habló de que los colombianos fueron contratados en Colombia y que entraron a Haití a través de la República Dominicana, país vecino, y otras versiones se referían a que el grueso de colombianos, exmilitares y expertos en combate, habían sido engañados y su misión era solamente la de prestar servicios de protección.

Horas después de cometido el magnicidio, se informó por parte de las autoridades haitianas que 21 hombres fueron detenidos y que dos habían resultado muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del país; de estos 21 detenidos, 18 eran de nacionalidad colombiana, todos exmilitares.

Aunque para las autoridades haitianas los mercenarios colombianos son los autores materiales de la muerte del presidente Jovenel Moise, y a un año del magnicidio, los exmilitares colombianos no han sido vinculados de manera formal a un proceso, es decir, no ha habido legalización de sus capturas ni la imputación de cargos.

Los connacionales capturados se han quejado de malos tratos en el lugar en el que se encuentran detenidos, denuncian que no han recibido atención médica, pues varios se aquejan de dolencias y enfermedades, y, además, no cuentan con la representación legal de ningún abogado.

Si para los exmilitares colombianos su detención ha sido un infierno, para sus familias, lo es más, debido a que no cuentan con noticias de ellos y la acción del gobierno colombiano es mínima, así lo denuncian algunos familiares.

El abogado Juan Pablo Quintero, quien es el encargado de asesorar jurídicamente a las familias de los detenidos en Haití, informó que se interpuso un Habeas Corpus ante la justicia de aquel país con la idea de que se agilice los procesos, en medio de denuncias por tratos inhumanos y violatorios de los derechos de los capturados.

Haití afirma que los capturados de origen colombiano se encuentran en lo que ellos llaman pliego de indagación, y algunos familiares de ellos aseguran que realizarán un plantón frente a la sede de la Cancillería en Puerto Príncipe protestando porque el proceso no avanza y porque no se les ha respetado sus garantías procesales y han sido sometidos a torturas, maltratos, y se encuentran en riesgo de muerte en prisión.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos extendió una medida cautelar el pasado 29 de junio con el fin de “proteger los derechos humanos de los connacionales privados de la libertad, haciendo extensivos los efectos de la medida cautelar concedida el 26 de febrero del 2017, en donde se ordenó adoptar las medidas necesarias por parte del Estado de Haití con la finalidad de proteger la vida e integridad de las personas privadas de la libertad en la Penitenciaría civil”.