Aprueban ley que limita el uso de celulares para estudiantes en los colegios

La Cámara de Representantes aprobó de manera unánime el proyecto de ley que limita el uso de celular en los colegios del país.

Según el autor de la iniciativa, el representante Rodrigo Rojas, esta ley busca garantizar la inmersión segura de niños, niñas y jóvenes en las nuevas herramientas tecnológicas.

“Lo más importante es garantizar la seguridad y la vida de los niños. Todo el escenario que abre el internet a través de estas herramientas tecnológicas sin el debido acompañamiento, revisión y límite pone en riesgo por supuesto la salud y la seguridad de nuestros niños”, aseguró Rodrigo Rojas.

De esta manera, el congresista indica que el proyecto fue pensado con el fin de respaldar la seguridad de los menores, que hoy corren riesgos por el uso incorrecto, desmedido y sin supervisión de estos dispositivos.

Así pues, la normativa parte de que el uso adecuado de las herramientas tecnológicas es una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones educativas y los padres de familia.

“Partiendo de que el uso adecuado de las herramientas tecnológicas es una responsabilidad compartida entre el Estado, los padres de familia y las instituciones educativas, se establece que la reglamentación de esta ley, a cargo del Ministerio de Educación, deberá involucrar a estos actores”, explicó Rodrigo Rojas en su cuenta de Twitter.

De esta manera, la ley le ordena al Ministerio de Educación crear, en un plazo de seis meses, unos lineamientos básicos para el uso de estos dispositivos. Por otro lado, esta normativa da la facultad a las instituciones educativas de regular horarios y zonas de uso de los dispositivos.

Por su parte, algunos representantes de los colegios privados en el país han celebrado la iniciativa y aseguran que es una buena manera de restringir el uso de dispositivos de telefonía móvil en menores de 14 años y en aulas de clase. 

Finalmente, cabe resaltar que en caso de algún estudiante se oponga a la normatividad, las instituciones podrán ampararse en que el cumplimiento del manual de convivencia debe darse por parte de toda la comunidad educativa sin restricción.