Indignación en Lili Pink: descubren su propia mercancía decomisada exhibida en locales informales

La empresa operadora de Lili Pink denunció ante la Fiscalía que parte de la mercancía decomisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2023 habría reaparecido en establecimientos comerciales y puntos informales de varias ciudades del país.

El señalamiento fue expuesto por la defensa de Fast Moda SAS, compañía vinculada a la marca, durante las audiencias relacionadas con la investigación que adelanta la Fiscalía contra directivos, empleados e importadores por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos.

Según el abogado Juan David Bazzani, la Dian realizó entre mayo y septiembre de 2023 procedimientos sobre mercancía de Lili Pink y terminó decomisando más de 3 millones de prendas, avaluadas en $54.000 millones, pese a que, según la empresa, los productos contaban con la documentación requerida para acreditar su ingreso legal al país.

La defensa aseguró que en 2023 la compañía presentó una denuncia penal y acudió al Consejo de Estado para controvertir los actos administrativos relacionados con el decomiso.

La mercancía habría reaparecido en comercios informales

El caso tomó un nuevo rumbo en enero de 2026, cuando la empresa aseguró haber encontrado prendas de Lili Pink en establecimientos que no tenían autorización para comercializarlas. Una de las denuncias presentadas posteriormente señala específicamente 5.041 prendas que habían sido aprehendidas por la Dian.

Fast Moda sostiene que los productos encontrados conservaban las marquillas y etiquetas originales de la compañía. A partir de muestras y compras realizadas por colaboradores, la empresa afirma haber establecido coincidencias entre algunas prendas ofrecidas en estos comercios y la mercancía decomisada.

Los productos habrían sido encontrados en lugares como San Victorino y los San Andresitos de Bogotá, además de establecimientos ubicados en otras ciudades. La compañía busca determinar cómo llegaron nuevamente al comercio y si hubo alguna irregularidad durante su custodia o disposición.

La defensa también cuestionó que la Dian hubiera informado que parte de la mercancía fue donada a instituciones públicas, mientras posteriormente aparecieron productos originales en establecimientos comerciales.

Bazzani pidió que las investigaciones no se concentren únicamente en los empresarios vinculados al proceso penal y que también se determine si funcionarios pudieron tener alguna responsabilidad en el manejo de los bienes decomisados.

Por ahora, las denuncias relacionadas con la mercancía continúan bajo investigación y no existe una decisión judicial que establezca quién fue responsable de su eventual comercialización. Mientras tanto, un juez deberá definir la situación jurídica de los ocho investigados en el proceso principal que adelanta la Fiscalía.