Caso Centros Poblados: Tapia y Duque aceptan mediación para reparar a comunidades

El Estado colombiano y dos de los implicados en el caso de Centro Poblados entraron en un proceso de mediación, dentro de la causa penal que adelantan la Fiscalía y los jueces por estos hechos, para reparar a la comunidad afectada por la interrupción del contrato y llevar internet a los lugares más apartados del territorio nacional.

 

La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Martha Lucía Zamora, fue quien reveló la noticia en diálogo con Colombia Hoy Radio, donde confirmó que el trámite de mediación lo va a adelantar el Centro de Conciliación de la Universidad Libre.  

 

“La propuesta es la de intervenir los puntos ubicados en las escuelas –lógicamente, esto es parte de la mediación– y garantizar que esto se cumpla. Por eso es tan importante este proceso de mediación que se inicia con la Universidad Libre”, explicó Zamora.

La mediación fue aceptada por Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, dos de los implicados en el ilícito. Ambos hacían parte de la Unión Temporal – Centros Poblados que en junio de 2021 presentó presuntas garantías bancarias falsas con el supuesto fin de quedarse con un millonario contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (MinTIC), para conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales de Colombia.

 

Según Zamora, Tapias y Duque, quienes están sindicados de recibir, supuestamente, un anticipo de $70.000 millones, manifestaron de manera voluntaria acogerse al proceso de mediación con ANDJE, que, por primera vez, interviene directamente como representante de las víctimas en el proceso.

 

La funcionaria explicó que la mediación es una figura que trae el proceso penal y que permite lograr una reparación a la víctima, la cual hacen los procesados de manera voluntaria y, en este caso, consiste en lograr la conexión de internet en aquellas escuelas donde no se pudo cumplir el contrato. 

 

“Vemos como este era un proyecto muy ambicioso del Estado para llegar a los lugares más profundos de esa Colombia, donde es imposible la señal de internet, donde los niños van a las escuelas, pero no cuentan con estos medios que le facilitan una mejor calidad de la educación”, indicó. 

 

En sus declaraciones, Zamora también precisó que el proceso penal que se adelanta por este caso de corrupción está en diferentes niveles, y que “algunos acusados cuentan ya con una acusación penal, otros están negociando principio de oportunidad”.

 

Finalmente, destacó que gracias a la gestión de la ANDJE el país ha logrado un ahorro en el pago de las demandas contra el Estado ante los tribunales de lo contencioso administrativo de $62,3 billones, lo que implica un indicador de éxito en los litigios que supera el 62%.