Caso Lili Pink: Revelan escandalosas conversaciones sobre cómo sometían a empleados

La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el caso Lili Pink sigue revelando nuevos detalles sobre el funcionamiento interno de la organización señalada por un presunto esquema de contrabando y lavado de activos. Durante una reciente audiencia, el ente acusador presentó conversaciones que, según su hipótesis, evidencian la intención de algunos directivos de someter a empleados a pruebas de polígrafo para detectar posibles informantes.

De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones hacían parte de una estrategia para controlar la circulación de información relacionada con las operaciones investigadas. Las autoridades sostienen que el objetivo era identificar a trabajadores que, presuntamente, estuvieran colaborando con organismos de control o entregando datos sobre las actividades de la compañía.

Entre las pruebas expuestas aparecen conversaciones atribuidas a Max Abadi, cofundador de Lili Pink y a Merlín Roxana Mendoza, entonces gerente de recursos humanos. En uno de los diálogos conocidos durante la audiencia de Lili Pink, Abadi manifestó su interés por establecer quiénes podrían estar filtrando información, mientras que Mendoza respondió que ya se evaluaba enviar a varios empleados a realizar pruebas de polígrafo.

Según la Fiscalía, estas conversaciones reflejan una preocupación constante por mantener bajo reserva las operaciones de la empresa y evitar que información sensible llegara a manos de las autoridades.

Presunto esquema de contrabando

Además de las conversaciones sobre los polígrafos, el ente investigador expuso nuevas evidencias relacionadas con un supuesto mecanismo para ingresar mercancía al país mediante la modalidad conocida como "doble marquilla" o sobreetiquetado.

La hipótesis de la Fiscalía señala que algunas prendas importadas habrían sido modificadas para ocultar su verdadero origen y valor comercial, con el propósito de evadir controles aduaneros y disminuir el pago de impuestos. La investigación también menciona presuntas irregularidades en registros presentados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Otro de los apartes presentados durante la diligencia judicial corresponde a conversaciones en las que se insistía en limitar el número de personas que conocían la llegada de determinados contenedores. Según la acusación, las instrucciones buscaban que únicamente un grupo reducido de trabajadores tuviera acceso a esa información.

La Fiscalía sostiene además que la organización habría utilizado empresas fachada para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante operaciones irregulares. Dentro del expediente se calcula un presunto lavado de activos superior a los 730.000 millones de pesos, un enriquecimiento ilícito que superaría los 430.000 millones y un contrabando estimado en cerca de 75.000 millones de pesos. A esto se suma el decomiso de mercancía valorada en más de 54.000 millones de pesos por parte de la Dian.

En el proceso judicial figuran ocho empresarios y representantes de sociedades vinculadas a la compañía, entre ellos Max Marvin Abadi Harari, David Max Abadi Homsani, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López, Malaquilla Bismar Hernández y Merlín Roxana Mendoza Arias.

Durante la audiencia de imputación, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, que incluyen concierto para delinquir, contrabando, favorecimiento al contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El proceso continúa mientras un juez define las medidas que deberán enfrentar los investigados.