Alrededor de 7.000 colombianos que trabajan en minas podrían ser deportados desde Venezuela

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta este jueves, sobre la posibilidad de que alrededor de 7.000 colombianos que trabajan en minas de oro en el Parque Nacional Cerro Yapacana, sean deportados desde Venezuela.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades departamentales en Vichada y Guainía para que formulen y activen planes de contingencia debido a una posible deportación o eventual retorno de aproximadamente 7.000 colombianos desde Venezuela”, fue la solicitud del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Los connacionales, de acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, realizan labores directas o indirectas, que los exponen a la vulneración de los derechos fundamentales a la integridad, libertad, seguridad o vida. “Comunidades indígenas, población en condición de vulnerabilidad socioeconómica, mujeres, niñas, niños y adolescentes están en riesgo”.

“Desde la Defensoría del Pueblo emitimos la Alerta Temprana 003 del 2023, en la que advertimos no solo los peligros para la población civil por posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas, sino también lo que podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana”, indicó el Defensor del Pueblo de los colombianos.

Las minas de Yapacana son atractivas para las personas de toda la región de la Orinoquía, pues en esa actividad encuentran un modo de sustento, pese a la presencia de grupos armados al margen de la ley.

De darse una deportación masiva, pasaría a convertirse en el mayor éxodo masivo de las últimas décadas, teniendo como sitios de recepción los departamentos de Vichada y Guainía.

“Las comunidades de los ríos Atabapo y Guainía, el resguardo El Paujil, la ciudad de Inírida, sus áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe, serían los principales centros receptores de población. Pero estos lugares no pueden responder a un éxodo de gran magnitud, no cuentan con las capacidades suficientes. Estaríamos frente a una crisis humanitaria, pues sus habitantes, además, están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”, expresó Carlos Camargo Assis.

Ante los alarmantes datos, la entidad instó a la Cancillería colombiana a que apele a los mecanismos que sean necesarios para que les sea garantizado el debido proceso, así como al Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer mecanismos de cooperación que aborden posibles vulneraciones a los derechos de población en movilidad humana en la frontera entre el departamento de Guainía y el estado Amazonas de Venezuela.