Colpensiones en la mira por contrato con cooperativa señalada por Paloma Valencia

Una nueva controversia política se desató en el país luego de que la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia señalara presuntas irregularidades en un contrato suscrito por Colpensiones con la Cooperativa Confiar.

Según la congresista, el convenio habría sido adjudicado de manera directa en noviembre de 2025 para que la cooperativa participe en el pago de mesadas pensionales, lo que, a su juicio, genera dudas sobre la transparencia del proceso. Valencia aseguró que no existe claridad sobre los recursos que serían manejados por la entidad y cuestionó la falta de información oficial al respecto.

La polémica creció cuando la candidata vinculó este contrato con supuestos aportes económicos realizados por Confiar a campañas políticas cercanas al oficialismo. De acuerdo con sus declaraciones, la cooperativa Colpensiones habría entregado recursos en procesos electorales recientes, lo que, según ella, podría generar un conflicto de intereses.

Otro de los puntos que encendió el debate tiene que ver con el manejo temporal del dinero. Valencia advirtió que, bajo el esquema planteado, los recursos públicos pasarían por la cooperativa Colpensiones antes de llegar a los pensionados, lo que abriría la posibilidad de generar rendimientos financieros durante ese tiempo. Este planteamiento fue uno de los principales argumentos para cuestionar la conveniencia del acuerdo.

Además, la senadora indicó que recibió respuestas contradictorias sobre la existencia de un cupo de inversión autorizado para ejecutar el contrato. Según explicó, inicialmente se le habría informado que sí existía dicho respaldo, pero posteriormente esta versión fue desmentida, lo que incrementó las dudas sobre la legalidad del proceso.

Frente a estas acusaciones, el presidente Gustavo Petro respondió públicamente, rechazando los señalamientos. El mandatario afirmó que los recursos entregados por Confiar no corresponden a donaciones, sino a préstamos que han sido pagados y defendió la participación de entidades financieras en la administración de recursos públicos.

Petro también cuestionó el enfoque de la crítica, señalando que múltiples bancos tienen contratos similares con el Estado y planteó si la intención sería excluir a las cooperativas del sistema financiero estatal.

El debate continúa abierto en medio de un ambiente preelectoral, donde las denuncias sobre contratación pública y financiación política cobran mayor relevancia. Mientras tanto, el convenio sigue bajo escrutinio y se espera que las autoridades entreguen mayores detalles para aclarar las inquietudes planteadas.