Campaña Petro: Corte Suprema ordenó inspección a la Comisión de Acusaciones por manejo de expedientes

En medio de las investigaciones que se adelantan por la presunta violación de topes de financiación electoral del presidente Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia realizó el pasado viernes, 17 de abril, una inspección a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por posibles irregularidades en el manejo de procesos contra el mandatario.

Según se conoció, los funcionarios no lograron revisar la documentación debido a que la Comisión de Acusación se encontraba cerrada por el Día Cívico decretado por el Gobierno, razón por la que este martes, 21 de abril, se llevó a cabo una nueva diligencia.

La acción fue adelantada por funcionarios de la policía judicial, y fue ordenada por la magistrada Cristina Lombana bajo el argumento de sospechas de obstrucción y demoras injustificadas en el avance de investigaciones clave contra Petro.

Según se conoció, el procedimiento busca establecer si el caso ha sido “engavetado” o si existen obstáculos internos que hayan frenado su desarrollo. De hecho, la Corte ya había compulsado copias previamente para que se investigara el tema, lo que aumenta la presión sobre la Comisión, órgano encargado de investigar a altos funcionarios, incluido el Presidente de la Nación.

“La actuación que da lugar a la presente recusación se concreta en la adopción de medidas probatorias mediante las cuales se ha requerido la remisión de información amplia y detallada no solo respecto de los representantes investigadores que investigan al aforado presidente de la República, sino también de sus equipos de trabajo y entorno funcional” dice uno de los argumentos de la recusación.

El documento detalla que, en particular, se ha solicitado la identificación de los integrantes de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), la relación de contratistas vinculados a los despachos, así como la recopilación de información relativa a sus funciones.

Cabe recordar que el fallo del CNE determinó que la campaña presidencial de Petro de 2022 excedió los límites de gastos en 3.042 millones de pesos y omitió el reporte de 3.698 millones de pesos. La decisión del tribunal electoral incluyó sanciones económicas para Ricardo Roa, gerente de la campaña; Lucy Mogollón, tesorera; y María Soto, auditora.

Asimismo, el CNE documentó financiación proveniente de personas jurídicas, señalando aportes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) por 500 millones de pesos y de la Unión Sindical Obrera (USO) por 121.544.000 pesos en la primera vuelta.