Condenan a la Nación por el atentado del ELN a la Escuela de Cadetes General Santander

El Estado colombiano fue condenado por el atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes General Santander perpetrado el 17 de enero de 2019. La decisión de un juzgado Administrativo de Bogotá se conoció en la tarde de este lunes 3 de abril.

El alto tribunal determinó que hubo omisión en las medidas de seguridad por parte de las mismas autoridades que custodiaban la Escuela de Cadetes el día que ocurrió el ataque terrorista. Así las cosas, esta es la primera condena que se conoce sobre la tragedia que le arrebató la vida a 22 uniformados.

En diálogo con W Radio, María de los Ángeles Alquichire, abogada defensora de las víctimas, explicó que esta condena es un tipo de reparación parcial sobre las familias que, en su mayoría, “presentaron demandas al Estado para ser reparados frente a los hechos”.

Sin embargo, la jurista aclaró que en la decisión no se tomaron en cuenta todos los reparos que presentaron las víctimas en materia de reparación como, por ejemplo, una pensión completa correspondiente a la de los subtenientes que fallecieron en la tragedia.

El Estado colombiano puede solicitar una segunda instancia sobre esta condena, la cual sería revisada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No obstante, por el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre el fallo.

Atentado a la Escuela de Cadetes vuelve a tocar fibras

El pasado mes de febrero, el juzgado 61 de Conocimiento de Bogotá concedió la libertad a los cinco investigados por el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional, perpetrado en 2019, argumentando vencimiento de términos en el caso.

Se trata de Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, quienes habían sido capturados en 2020 por presuntamente escoltar la camioneta cargada de explosivos para detonarlos en la escuela y financiar el atentado.

De acuerdo a la determinación del juez, estas personas se debían dejar en libertad porque ya se ha superado el tiempo para que se iniciara un juicio en su contra, es decir, 527 días. La decisión judicial fue ampliamente criticada diferentes sectores del país, entre ellos, la Fiscalía y la Procuraduría.

Así las cosas, solo hay una persona con la medida de detención intramural y sentenciada por este atentado terrorista. Se trata de Ricardo Andrés Carvajal, quien se encuentra pagando una pena de 46 años desde mayo de 2022.

El ente acusador anunció ese día la condena contra este hombre por ser el responsable de arrendar la bodega en la que fue parqueada la camioneta utilizada para perpetrar el ataque en contra de la fuerza pública.

Carvajal fue declarado responsable de los delitos homicidio agravado, terrorismo agravado, homicidio en grado de tentativa avanzado, daño en bien ajeno agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.