Corte condenó por segunda vez a Bernardo Moreno, exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe

Durante el martes 24 de octubre la Corte Suprema de Justicia anunció una condena de cinco años y siete meses de prisión contra Bernardo Moreno Villegas, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La sentencia fue emitida por la Sala de Primera Instancia por la comisión en calidad de autor del delito tráfico de influencias de servidor público en la modalidad de continuado; esto dentro del caso de la Yidispolítica.

Según lo detallado por el alto tribunal, la sentencia condenatoria tuvo su origen en actuaciones indebidas cuando fue uno de los asesores más cercanos del entonces presidente Uribe. Al ser encargado del Dapre, habría influenciado de forma indebida a un total de cinco funcionarios con el fin de que tramitaran la contratación y nombramiento en diferentes entidades del Estado a amigos y personas cercanas a la excongresista Yidis Medina, condenada por delitos como secuestro y enriquecimiento ilícito.

Esta conducta hecha por Moreno Villegas fue hecha a modo de retribución con la entonces representante a la Cámara por haber votado de manera positiva el proyecto de ley que permitía la reelección presidencial inmediata de Uribe Vélez. Fue así como “personas recomendadas por Yidis Medina fueron nombradas en cargos públicos en la Red de Solidaridad Social, en Etesa, el Sena y en notarías”, precisó la Corte Suprema.

Así las cosas, la sentencia precisó que hubo un “pacto ilegal” protagonizado por Moreno, quien en calidad de director del Dapre entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010, influyó de manera indebida para que se pudieran llevar a cabo esas contrataciones y nombramientos posteriores muy a pesar de que este “sabía que una vinculación al Estado no podía convertirse en un medio para cumplir compromisos ilícitos”.

Puntualmente, otros funcionarios influenciados en esa alianza entre Moreno y Medina fueron Luis Alfonso Hoyos, directos de la Red de Solidaridad Social entre 2004 y 2009; Gloria Beatriz Giraldo, presidenta de la Empresa Territorial para la Salud (Etesa); Mery Luz Londoño, otra presidenta de la misma compañía; Manuel Guillermo Cuello, entonces Superintendente de Notariado y Registro, y Darío Alfonso Montoya, exdirector del Sena.

Con esta decisión, la Corte Suprema también negó a Moreno Villegas el cumplimiento de su condena de ejecución condicional ni el beneficio de prisión domiciliaria. En cambio, ordenó expedir una orden de captura que se hará efectiva en el momento en que la sentencia quede en firme.