Corte Suprema ordenó la protección del derecho a la protesta en Colombia

La Corte Suprema de Justicia dijo el pasado 22 de septiembre que la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones es "sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada" y ordenó al Gobierno "adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica" en Colombia.

El falló de la Corte se da como respuesta a una acción de tutela presentada por un grupo ciudadano que considera que el Gobierno y el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) los agredieron "sistemáticamente" durante las manifestaciones de noviembre pasado, lo que, constitucionalmente, podría considerarse como una alteración a su derecho a la protesta.

"Entre las medidas (...) está la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará 'Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana'", detalló el alto tribunal en un comunicado.

Cabe recordar que la Policía ha sido criticada en los últimos meses por los abusos que ha cometido para dispersar las protestas. Ejemplo de esto, fue lo ocurrido en noviembre de 2019, cuando Dilan Cruz perdió la vida tras recibir un disparo proveniente de un uniformado del Esmad durante una manifestación en Bogotá.

Igualmente, miembros de la institución son acusados de la muerte de 13 personas por disparos de bala en Bogotá y el municipio de Soacha, durante unas violentas manifestaciones desatadas tras el fallecimiento de Javier Ordóñez, el pasado 9 de septiembre, quien fue sometido brutalmente por dos policías durante su arresto.

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Adiós escopetas calibre 12

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dilan Cruz murió por el disparo de una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con "múltiples perdigones de plomo".

Por esto, la providencia de la Sala de Casación Civil de la Corte ordenó al Esmad suspender el uso de ese tipo de escopetas "hasta tanto el a quo constitucional, previa verificación exhaustiva, constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento".

También manifestó que el Gobierno deberá mantener "la neutralidad", incluida la no estigmatización de quienes protestan, y que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tendrá que disculparse "por los excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019".

La Corte recalcó que la Constitución no protege la protesta "intolerante y violenta, no pacífica, que aboga por el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propende por el odio nacional, racial, religioso, y por la discriminación, o que incite a la pornografía infantil, al delito o al genocidio".

Frente a esto, aclaró que, tras aplicar "un test de sistematicidad a diversos episodios registrados en las principales ciudades del país y denunciados en la acción de tutela, la Sala encuentra elementos comunes de equivocado uso de la fuerza para controlar las movilizaciones".

"Hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas (...) al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente", añadió la Corte en su sentencia.

"Lo analizaremos"

En respuesta, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que, hasta el momento, la Corte Suprema no le ha notificado oficialmente sobre el fallo tomado, ni tampoco sobre la orden que lo obligaría a ofrecer excusas por el abuso de la fuerza durante las manifestaciones.

De acuerdo con Trujillo, gracias a los medios de comunicación fue que se conoció la providencia “relacionada, entre otros asuntos, con el derecho a la manifestación pacífica y democrática y la acción de la Fuerza Pública legítima, con respecto a expresiones violentas que puedan tener lugar a raíz de presencia masiva de ciudadanos en las calles".

Asimismo, explicó que por ahora no puede dar una opinión frente a esta providencia, teniendo en cuenta que se deben analizar primero las 170 páginas del documento, lo cual se hará “con todo detalle, para tener, a raíz de ese estudio juicioso, tranquilo y detallado, una posición sobre el particular que, naturalmente, será dada a conocer a la opinión pública".